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DETRAS DE LAS CARCELES PRIVATIZADAS, SE ESCONDE UN GRAN NEGOCIADO...

Esclarecer el negocio privatizador que se esconde detrás de la construcción de los penales en Cantera y que impulsa a marcha forzada la ministra de Justicia Rosario Fernández, demandó Vicente Sánchez, Secretario General Provincial de Cañete del Movimiento Regional "Confianza Perú", al Congreso de la República, y si fuera el caso, exigir su interpelación y separación del cargo.
El dirigente sostuvo que el proceso de la construcción de los penales proyectados para Cañete que van a ser entregados vía concesión al sector privado por 20 años se viene avanzando en su gestión sin guardar elementales criterios técnicos y se ha privilegiado el proceso de privatización en sí, y no la solución al problema penitenciario. Esto ya lo alertaba hace 3 meses el general PNP ® Gustavo Carrión, cesado como jefe del INPE por disentir del afán privatizador de la ministra, y sin embargo, contra viento y marea se quiere avanzar en un proceso plagado de irregularidades.
Expresó que en primer lugar, la construcción del penal se va a hacer con un fondo de financiamiento que el MEF debe asegurar, la pregunta entonces es lógica: ¿de qué privatización hablamos? ¿no se supone que el sector privado aporta la inversión para la construcción del penal? ¿Para qué privatizar si la plata la va a poner el Estado?
En segundo lugar, la Comisión Prialé que ha recomendado la privatización de los nuevos penales establece la suma de 17 dólares como costo diario por cada interno que el Estado deberá pagar al operador privado. La pregunta es ¿con la mitad de ese dinero el Estado no podría tener en buena atención a los penales sin el hacinamiento en que están hoy en día?. En Chile por ejemplo, el costo diario de cada interno es de 11 dólares en los penales que administra el Estado mientras que las cárceles privadas cobran 35 dólares, lo cual revela la inconsistencia de la privatización en el sistema penitenciario. En el Perú el Estado apenas aporta 3,50 nuevos soles por alimentación diaria de cada interno. Entonces sí hay plata para pagar a los operadores privados y no hay plata para mejorar la capacidad operativa del INPE en la atención de los penales. Esto no es lógico y hace sospechar del gran negocio que hay detrás, precisó el líder de Confianza Perú.
En tercer lugar, no se ha puesto a conocimiento de la ciudadanía cuáles son las exigencias que se pedirá al operador privado que respete, por ejemplo número máximo de internos, calidad mínima del servicio a cumplir, criterios de seguridad básicos a respetar, etc, etc, para que no se metan 10,000 internos en un centro penitenciario que solo podría albergar 3,000 como es el caso del penal de Lurigancho, y se cobre por ellos sin que las condiciones mínimas de reclusión se respeten. Demandamos la publicación de las bases para la concesión de los penales y que se solicite la opinión técnica de la PNP y de los gobiernos regionales y locales involucrados pues de todos modos se requiere un estudio de impacto social, acotó.
En cuarto lugar, el estudio tampoco analiza por qué debe hacerse en Nuevo Imperial y no en otro lugar, con una menor urbanización y un acceso directo desde una vía principal. Si se quiere hacer un penal en el sur de Lima puede tomarse cualquier otro lugar cerca de la Panamericana Sur alejado de los centros poblados y con acceso directo. La construcción en Nuevo Imperial implica que el circuito San Vicente – Imperial - Nuevo Imperial será una ruta obligatoria para la actividad de los penales así como de los visitantes a ellos, con los riesgos de inseguridad que se producirán.
No hay criterios técnicos para construir los penales en Cantera y rechazamos su construcción y demandamos a la población de Cañete una acción más decidida para evitar esa injusticia. La actitud prepotente y abusiva de la ministra está generando las condiciones para un nuevo "Moqueguazo" que sería un "Cañetazo", vaticinó el dirigente. Después que el presidente García no termine sorprendido de la reacción del pueblo cuando no es escuchado. Pediremos al Congreso para que citen a la ministra a informar del proceso de privatización de los penales, y de ser el caso, exigiremos la renuncia de la ministra, concluyó.