26 mayo 2009

AMPE PIDE REGLAS DE PUBLICIDAD EDIL  SIMILARES PARA GOBIERNO CENTRAL Y REGIONAL

Su respaldo a la modificación realizada a la Ley Orgánica de Municipalidades y que aprobó el Congreso de la República, la cual prohíbe consignar cualquier referencia al nombre del alcalde, colores o lemas que identifiquen a un grupo político, en los paneles de las obras ediles, expresó en Huamanga, Ayacucho, César Acuña Peralta, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE.
Acuña Peralta, calificó de adecuada la modificación, porque evitará el uso político de los recursos públicos, pero dijo que el dispositivo es inequitativo porque sólo alcanza a los gobiernos locales y pidió que se apruebe una norma similar para los gobiernos central y el regional.
Si la intención es velar por la mejor utilización de los recursos públicos, también debe prohibirse este tipo de publicidad, que la pagan todos los peruanos con sus impuestos, al Presidente de la República, los ministros y los presidentes regionales.

FONCOMUN – MOVILIZACIÓN
El presidente de la AMPE, anunció una movilización de los alcaldes del país, si el gobierno central no restituye a los municipios, los injustificados recortes del Fondo de Compensación Municipal, FONCOMUN, que alcanzan el 16% de sus presupuestos.
«Esto viene afectando seriamente la ejecución de obras programadas por los gobiernos locales, generando malestar y descontento de la población», expresó Acuña, quien informó que éste reclamo es permanente por parte de los alcaldes con quienes se reúne durante los encuentros descentralizados que realiza la AMPE.
«Demandamos a las autoridades del gobierno central, al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros, disponer cuando antes la plena restitución de estos recursos que por ley les corresponden a las municipalidades del país», agregó Acuña Peralta.
Adelantó que previamente a la movilización se reunirá con los alcaldes provinciales, de las capitales departamentales para coordinar de forma conjunta las acciones pertinentes por «la justa demanda de las autoridades ediles y la población».
Criticó que el presidente Alan García, se reúna mensualmente con los presidentes regionales, pero en ninguna oportunidad desde que inició su mandato, con los representantes de mil 836 gobiernos locales del país.
Acuña Peralta, participo en el «Encuentro descentralizado Gestión del Territorio, Defensa del Consumidor y Programas Sociales de Lucha Contra la Desnutrición Infantil», realizado en el Salón Consistorial de la Municipalidad de Huamanga con asistencia de alcaldes y regidores de las provincias y distritos ayacuchanos.

POSICIÓN SOBRE MODIFICACIONES A LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
En otro momento destacó que mediante la modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades se haya devuelto la autonomía a los gobiernos locales, en lo referente a las dietas para regidores y alcaldes. «Este era un reclamo permanente de los alcaldes, sobretodo de las zonas más alejadas y de extrema pobreza, quienes en muchos casos percibían menos de mil soles y pese a ello se trasladaban a la capital para hacer gestiones en beneficio de sus pueblos».
Respecto a la incorporación de nuevas causales de vacancia para los alcaldes como la que le prohíbe despachar fuera de sus jurisdicciones, indicó que las funciones de los alcaldes no sólo requieren ser atendidas en la localidad sino a través de otras instancias que se encuentran distantes de su ámbito de acción.
«En nuestro país pueden ocurrir hechos excepcionales que impidan el normal desarrollo de la gestión edil, sobretodo en las zonas de emergencia donde se suscitan actos de violencia o terrorismo», expresó.
Sobre la exigencia, para que los gobiernos provinciales y distritales transfieran oportunamente un porcentaje de sus recursos propios ó de los recibidos del gobierno central a las municipalidades de los centros poblados, refirió que la omisión se puede deber a muchos motivos, como la demora en las transferencias de recursos o recortes en el presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. No por ello se debe vacar al alcalde, argumentó.
En cuanto a que la municipalidades que reciben 8 UIT por FONCOMUN, trasferirán no menos del 15% de una UIT (S/. 532) a cada Municipalidad de Centro Poblado de su Jurisdicción y su aplicación a partir del 01 de enero del 2010, informó que AMPE ha presentado un proyecto de ley  mediante el cual se pide incrementar de 8 a 12 UIT las transferencias por concepto de FONCOMUN, para que las municipalidades más pobres cuenten con mayores recursos.
Sin embargo agregó la norma, en éste punto, debe perfeccionarse porque 532 soles que se transferirán a las municipalidades de centros poblados, no les alcanzarían para prestar servicios.
Los recursos con que cuentan las municipalidades provinciales y distritales en muchos casos son pocos y esta medida va a originar muchos conflictos entre los alcaldes. 
El Congreso debió buscar primero que el gobierno central transfiera recursos directamente a las municipalidades de centros poblados, que no salgan de las arcas municipales provinciales o distritales sino del propio gobierno central. A la fecha existirían 6 mil centros poblados a nivel nacional.
Aspectos positivos
Calificó de positiva la norma que obliga a consignar una fuente de compensación si es que se aprueban leyes que traigan como consecuencia recortes de recursos de las municipalidades.
Otro de los cambios saludables-dijo- es que se ha establecido en la LOM, la estructura básica municipal, que está compuesto por un Gerente Municipal, Asesoría Jurídica, Procuraduría y Planeamiento y Presupuesto, dependiendo de la disponibilidad económica y necesidades de la Municipalidad.
Así mismo las municipalidades deben implementar la Defensoría el Vecino y del Contribuyente Municipal.    
Ahora las municipalidades podrán suscribir convenios de recaudación o fiscalización con la SUNAT u otras instituciones especializadas, se podrán ejecutar obras mediante convenios de asociación con costos compartidos entre municipalidades.
En el saneamiento de la propiedad predial, se podrán suscribir convenios de asesoramiento técnico con entidades públicas y/o privadas distintas a COFOPRI, siempre que cuenten con la capacidad técnica suficiente.

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