AL DIA CON MATICES

MINISTERIO PÚBLICO TIENE EN SUS MANOS LAS ARMAS PARA HACER RESPETAR LA DIGNIDAD DE LOS CAÑETANOS EN DENUNCIA CONTRA SUPUESTOS INSTIGADORES POR UN JUSTO RECLAMO...
Lamentablemente las ilegales leyes favorecen al Estado, pero la dignidad de un administrador de justicia debe merituar un análisis racional, dándole sentido humano a las normas.

La noticia ha remecido la tranquilidad que se ha vivido en la provincia de Cañete luego de aprobarse definitivamente la Ley de creación de su Universidad Nacional, gracias al Poder Legislativo, entiéndase Congreso de la República, quienes con mucha hidalguía y compromiso histórico con nuestra provincia, hicieron realidad el sueño añorado y postergado por 30 años, que con justicia y derecho reclamaban nuestras autoridades y población en general.
Sin duda alguna que la denuncia que ya existe en las instancias del Ministerio Público de Cañete, contra el alcalde Javier Alvarado, Mario Tapia y quienes resulten responsables por los supuestos delitos de extorsión, contra el patrimonio público y contra la seguridad pública por los hechos ocurridos el 16 y 17 de diciembre, responde a una situación que era de esperarse, por las leyes atentatorias que existen y que limitan la participación libre y soberana de las autoridades y población. La fiscalía de Cañete, que ha tomado el caso es la que despacha la Dra. Victoria Justina Allemant Luna quien ha dispuesto que en un plazo de 40 días se emita un dictamen al respecto.
Si bien es cierto, que la denuncia, bajo el contexto, limitativo de las normas peruanas, no es una respuesta ilegal, si encierra una direccionalidad contra la autoridad municipal y los dirigentes de gremios representativos que jugaron un papel importante y trascendental en esos dos días de lucha; direccionalidad porque se busca chivos expiatorios a una respuesta normal , justa y digna de un pueblo que al ver que su sueño de contar con su universidad se desvanecía, por una actitud hasta hoy no explicada por el Presidente de la República Alan García Pérez al observar la Ley aprobada por unanimidad por el Poder Legislativo, salió a las calles expresando su malestar a través de los diversos medios de comunicación de la localidad, auto convocándose a iniciar una medida de fuerza, que como cualquier lucha ha tenido sus costos alternos, lo que comúnmente se conoce como daño colateral en toda contienda reivindicatoria o de justicia.
El camino, que no compartimos, es que exista una posición, espero que no sea intencionada por la coyuntura política, de decir que la denuncia está mal y atentaría los interés políticos de los involucrados en la misma; y ya lo hemos dicho que lamentablemente las ilegales leyes así lo prescriben; por lo cual consideramos que lo que deberíamos exigir es que se denuncie a los miles de cañetanos que esos días salimos a las calles y hasta tomamos las vías en una caminata digna, sin pretender hacer aparecer como víctimas a algunas personas o autoridades con intereses subalternos que no respondan a la intención única de JUSTICIA con que salieron a la protesta o se unieron en el camino a la misma.
Porqué si se busca un responsable como autor intelectual, no se denuncia al propio señor Alan García Pérez, quien en su condición de Presidentes Constitucional de la República al observar la ley de creación de la universidad, no se dignó dirigirse a este pueblo y explicarle las motivaciones y posibles caminos de solución, generando con ello el malestar generalizado de todos los cañetanos sin distingo alguno, obligándolos a adoptar medidas de fuerza, como las que asumimos y que nadie nos obligó a hacerlas, sino que la dignidad del pueblo maltratado y herido respondía con fuerza y firmeza al poder político que pretendió ponerle fin al sueño nuestro, pero que gracias a Dios, pese a toda crítica en contra a su labor, el Congreso de la República supo enmendar la plana al propio Jefe Supremo de la Nación.
Exijamos prudencia y discernimiento no en el sentido literal de las leyes, sino como alguna vez escuchara decir a José Dulanto Santini, que el verdadero juez o fiscal no es aquel que aplica la ley a raja tabla porque así está escrita, sino hay que interpretar la motivación que genera la norma ya sea con una conducta favorable o desfavorable contra quien se pretende impartir justicia.
La representante del Ministerio Público tiene en sus manos el arma de la dignidad de los cañetanos y deberá demostrar con su actuar, la verdadera y real independencia de los poderes del Estado, ojalá enmendándole la plana por segunda vez al Poder Ejecutivo, tan igual como lo hizo el Poder Legislativo en su momento. La transparencia y correcta administración de justicia, amigos del Ministerio Público, no se demuestra con frases de cliché o slogan decorosos, sino se demuestra con hechos. Hoy la historia los está poniendo a prueba. (Elarquim)