06 agosto 2010

Transparencia electoral, deber de todos los candidatos

El reciente gesto de la candidata a la Alcaldía de Lima, Lourdes Flores, de poner a la luz pública toda la información sobre sus ingresos personales y profesionales, así como los aportes realizados a su campaña electoral anterior (2006) y a lo correspondiente a la campaña municipal hasta la fecha, ha puesto en vitrina la importancia de la transparencia en una campaña, así como en otras áreas. Hace varios meses, Otra Mirada hacía hincapié en la falta de transparencia del Congreso de la República y, reclamábamos la necesidad de aplicar la Ley de Transparencia y Acceso a la información. Del mismo modo, este reciente gesto de Flores, seguido por la candidata Susana Villarán, no es en realidad un antojo voluntario de cada candidato, sino un deber que tienen con los electores.
Una campaña electoral es, evidentemente, costosa. La cantidad de dinero invertido en publicidad, elaboración de planes de gobierno, mantención de los locales partidarios activos, mítines de campaña, etc. resulta significativa. Por ello, el financiamiento de los partidos políticos resulta un tema fundamental pues ninguna organización (política o de distinto tipo) puede mantenerse vigente sin recursos económicos. Pero, ¿cuál es el detalle?
Es importante que los partidos políticos muestren transparencia en la utilización de su financiamiento. La Ley de Partidos Políticos establece que los partidos políticos que obtienen representación en el Congreso reciben del Estado el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso. Además, este monto debe ser utilizado en actividades de formación, capacitación, investigación, etc. Sin embargo, como vemos, en el Perú las campañas electorales resultan millonarias y esto evidencia que existe el financiamiento privado que, a la larga, resulta ser el preponderante, lo cual es un riesgo.
En este sentido, se permite que los partidos políticos reciban financiamiento privado y que tengan sus cuentas claras en los libros de contabilidad partidarios. Aquí es donde entra el problema pues la gran desventaja del financiamiento privado a los partidos políticos es que permite el condicionamiento de los líderes y/o candidatos partidarios en beneficio de los financistas. Este es un riesgo que no debería existir puesto que los partidos políticos deben ser organizaciones que representen a la mayoría de ciudadanos y no los intereses particulares de quienes invierten en las campañas.
Por esto, los fondos privados recibidos por los partidos políticos deberían limitarse a ser utilizados en fomentar la generación de nuevos cuadros partidarios o elaborar el plan de gobierno, pero la publicidad y aparición en medios deberían depender de los fondos públicos y equitativos. En toda democracia representativa los partidos deben defender los intereses públicos y por tanto, es legítimo que el financiamiento también lo sea.¹
El gesto de Lourdes Flores ha sido, sin duda, positivo; sin embargo, sigue siendo insuficiente, sobre todo en el contexto electoral que vivimos y, en el cual, notamos sospechas de corrupción a diestra y siniestra que salpica a varios candidatos actuales. Del mismo modo, recordemos que la fiscalización y defensa de la transparencia debería ser tarea también de todos nosotros.

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