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ESCRIBE: ENRIQUE NUÑEZ PALOMINO.
(Articulo Sexto)
Este Comentario escrito data del año, 2005, pero es necesario que se lea, en vista que sucedieron muchas interrogante y hechos no esclarecidos, y muchas razones para recordarlas
POR IRREGULARIDADES EN FALLO DE INCONSTITUCIONALI-DAD DE LEY N° 28374 MUFARECH DENUNCIARÁ AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANTE COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS TAMBIÉN DENUNCIARÁ PENALMENTE A LA ALCALDESA PROVINCIAL DE CAÑETE
El Presidente del Gobierno Regional de Lima, Miguel Ángel Mufarech, anunció que interpondrá una denuncia contra el Tribunal Constitucional (TC), al haber detectado serias irregularidades en el fallo que declaraba improcedente la acción de inconstitucionalidad de la Ley N° 28374.
Dicha medida será presentada en los próximos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que el veredicto final del TC viola los derechos de los ciudadanos de la Región Lima y de la propia autoridad regional.
Mufarech explicó a los medios de comunicación los vicios cometidos durante el proceso. «El 16 de febrero emitieron una resolución, que inexplicablemente fue borrada, para luego dos días después publicar otra resolución con claros cambios en uno de sus párrafos», precisó.
También señaló que es imposible que en unas horas redacten un fallo de 42 páginas y más de cien citas de la demanda, lo que quiere decir que en ningún momento tomaron en cuenta los argumentos legales que expuso el abogado de la Región Lima, Dr. Aníbal Quiroga, ni lo declarado por el Presidente Regional en su Audiencia Pública realizada el 15 de febrero a las 3 de la tarde.
Extrañamente al día siguiente de la audiencia (16 de febrero) aparece el fallo del Tribunal Constitucional, cuando ese día se encontraban, a las 8 de la mañana en audiencia pública realizada en Cañete, el presidente del TC Javier Alva Orlandini y los Dres. César Landa y Magdiel Gonzales, lo que confirma que no estaban juntos los seis miembros a la hora de la sentencia, como aparece en el fallo.
«Entonces quedaría claro que los miembros del Tribunal Constitucional habrían tenido el fallo ya resuelto para hacer favores políticos. Por ello procederé a presentar la denuncia, mostrando las actas del cambio de las fechas y del texto, los cuales fueron legalizados por un notario, indicando el día y la hora de su publicación en internet», remarcó la autoridad regional.
Agregó que no es posible que en el país haya miles de reclamos, problemas de violaciones constitucionales, hábeas corpus y acciones de amparo esperando meses y años por una sentencia, y el caso de la acción de inconstitucionalidad se resuelva en tan solo 16 días, lo que demostraría que habría intereses ocultos detrás de este fallo y que podrían ser de tipo político o económico.
«La queja contra esta institución es porque parece un tribunal ‘politizado’. Jamás en su historia cometió tantas irregularidades como ahora. Los congresistas y el ejecutivo habrían ejercido una fuerte presión, a la cual habrían cedido, ya que les deben a ellos su nombramiento, en especial el Dr. Landa quien ha sido el ponente de nuestro caso y que ha sido recientemente nombrado y trabajó como asesor de una comisión. Además que todos ellos tienen vinculación con algún partido político», aseveró el titular de la Región.
En otro momento, Miguel Ángel Mufarech informó que emprenderá acciones legales contra la alcaldesa provincial de Cañete, Rufina Lévano, por los delitos penales de Corrupción de Funcionarios y contra la Administración Pública.
La denuncia responde a una requisitoria que tiene la autoridad edil en la Corte Superior de Cañete, la cual le impide salir del país. Sin embargo, ella ha hecho caso omiso a esta orden, pues según el movimiento migratorio extendido por el Ministerio del Interior la Alcaldesa ha salido y regresado del país en dos oportunidades el año 2003.
«No obstante, en un primer viaje a Estados Unidos no aparece el registro de salida del Perú, pero sí el de su regreso. Después se va a Chile y aparece su salida del país, más no su retorno. Eso evidencia que hizo viajes ilegales y clandestinos, y tendrá que responder a la justicia cómo lo logró. Al parecer habría cometido el delito de Corrupción de Funcionarios», puntualizó Mufarech.
Asimismo, la medida se adopta por las irregularidades cometidas en la entrega de posesión de tierras (10 km) en el sector de las playas de Wakama (Cañete), a un ciudadano de Chincha apellidado Cilloniz, para hacer albergues, centros turísticos y venta de terrenos que son propiedad del Gobierno Regional de Lima y 50 metros de las zonas de las playas a la Marina de Guerra del Perú.
Además, «la autoridad edil pretendería otorgar un área de 600 has. a la empresa Hunt Oil para hacer su zona de seguridad, mediante una autorización que declara intangible el terreno, sin pagar ni un sol. No podemos permitir que se vengan entregando las mejores tierras de Cañete para beneficio de grandes empresas, gratis y sin consultar al Gobierno Regional de Lima que es el legítimo propietario», finalizó.
Por otra parte, Mufarech reafirmó su denuncia contra Hunt Oil y Perú LNG por irregularidades económicas, tributarias, financieras y societarias a las que consideró dos empresas constituidas en paraísos tributarios financieros y con socios escondidos.
«Hasta hoy Perú LNG no ha comprado ningún terreno, ni puede comprar estos últimos lotes, pues no forma parte de la Resolución Suprema de venta que firmó el Presidente Toledo, por lo que sigue siendo de Hunt Oil, y esta a su vez ni siquiera es accionista de la primera en mención. A ello se suma el capital irrisorio de ambas empresas que son de mil soles y 16,500, respectivamente», enfatizó.
De otro lado, alertó a la ciudadanía por las denuncias que realizó el Gobierno Peruano contra tres hermanos Hunt, hace 25 años en la que se perjudicó al Perú con 80 millones de dólares por jugar en la bolsa con el mineral Plata, de la cual somos el cuarto productor a nivel mundial.
«No sé si este señor Raymond Hunt sea el cuarto hermano o uno de ellos, pero ya genera demasiada sospecha. Este dinero podría provenir de lugares oscuros, irregulares o de blanqueo de capitales, del cual nos tengamos que lamentar en el futuro».
«Lo sorprendente del caso es que el Sr. Raymond Hunt no aparece como socio en Perú LNG, como que tampoco aparece Hunt Oil. Asimismo Perú LNG fue fundada por dos abogados testaferros y luego transferida a dos empresas constituidas en paraísos tributarios y no registrados en el Perú. Si esta empresa es la que va a llevar adelante la planta de licuefacción en Cañete, no sabemos quién es su real propietario y se trataría entonces de un gran negocio», señaló.
«Una vez conseguida todas las autorizaciones y licencias del Gobierno Peruano el Proyecto sería revendido en el extranjero a otras personas o empresas, obteniendo jugosas utilidades a espaldas del pueblo peruano y de los justos intereses de la Provincia de Cañete que defiende su Presidente Regional», finalizó.
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