ANCIANOS ENCERRADO INJUSTAMENTE EN EL PENAL DE CANTERA DE CAÑETE SALIÓ EN LIBERTAD

Por Óscar Chumpitaz.

Julio Cortez (75) y Ruth Bravo (73) fueron encarcelados por supuestamente haber cometido el crimen, pero tribunal al final los declaró inocentes.
A sus 75 años, Julio Cortez Méndez y su esposa Ruth Bravo Pérez, de 73, llevaban una vida común y corriente, con los problemas de cualquiera. Vivían en el Rímac y las cosas parecían marchar sin sobresaltos hasta que, el 5 de mayo del 2011, encontraron en su casa una notificación policial.
La muerte de un guardián interrumpiría bruscamente la convivencia de los ancianos y cambiaría el destino de toda una familia.
La pareja debía presentarse el 7 o 9 de ese mes en la comisaría de Ciudad y Campo. Como no tenían nada que temer, acudieron a la dependencia el mismo día que recibieron el documento de la policía.
Sin la presencia de un fiscal y menos de un abogado, fueron interrogados «por un asesinato». Sin pruebas, los ancianos habían sido acusados por su vecino Juan Carlos Chumpitaz Legario de matar a golpes, el 29 de abril, al vigilante Rufino Flores Huamán.

«¡CÁLLENSE, ASESINOS!»
Cuando doña Ruth terminó de declarar y vio ingresar recién a la Fiscal Miriam Aguirre Rodas, se acercó a ella en busca de ayuda. Le dijo que los policías estaban acusando a ella y a su esposo de un crimen que jamás habían cometido.
Se refería a los agentes PNP Wilber Guadaña Gallegos, Elmer Da Silva Feijóo y Carlos Enrique Breña Dávila.
«¡Usted cállese; son unos asesinos!», le increpó la representante del Ministerio Público antes de firmar el acta que ordenaba la detención en aquel momento.
El caso –lleno de irregularidades– derivó en algo más terrible aún. Basándose solo en la opinión de la fiscal, la jueza Zonia Pacora dispuso que los ancianos fueran encarcelados.
El 10 de mayo, tres días antes del Día de la Madre, don Julio fue recluido en el penal de Cañete.
Doña Ruth fue internada en el penal de mujeres de Chorrillos. «Para detenerlos se esgrimió la sindicación de un testigo falso. Ni los policías ni la fiscal dieron crédito a sus declaraciones. Se violaron todos sus derechos», afirma Carolina Miranda, abogada de la pareja.

«NO PUEDE SER REAL»
«Nunca pensé que la vida se podía dar vuelta así. A veces siento que estoy atrapado en una novela», comenta don Julio. «Fue un momento para aprender a valorar las cosas; he hallado a gente muy buena que me demostró su apoyo».
Los días que vivió su esposa Ruth en el penal fueron bastante monótonos, aunque intentaba mantener la cabeza ocupada. «De afuera extrañaba todo», cuenta ella.
El 25 de mayo salieron libres luego de que la jueza del Cuarto Juzgado Penal de Lima, Janet Lastra, dispusiera variar la detención de la pareja por comparecencia restringida.
Sin embargo, para que su liberación se concrete, pidieron una fianza de dos mil soles (mil por cada uno), la cual fue difícil de conseguir porque la señora Ruth Bravo es pensionista. Por ello, su hijo, Abraham Cortez, dejó su vehículo como caución.
Sin embargo, una noticia los hizo feliz: Rufino Flores murió por causas naturales y no en manos de los ancianos. Entonces fueron absueltos.
Demanda. La pareja demandará al Estado por un millón de soles. Ellos buscan sentar precedente por los abusos que recibieron.
Injusto. Su abogada, Carolina Miranda, refiere que las irregularidades se cometieron desde la comisaría ya que ellos fueron a averiguar sobre las notificaciones.