APRUEBAN PROYECTO QUE ESTABLECE MORATORIA DE 3 AÑOS PARA CREAR UNIVERSIDADES INCLUIDA LA DE CAÑETE

Durante tres años no se crearán universidades ni se autorizará el funcionamiento de nuevas universidades públicas o privadas, excepto las que están en proceso de funcionamiento provisional, según el proyecto de ley aprobado el lunes 26 por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.
La finalidad de la iniciativa, que será sometida a la decisión del Pleno, es definir una política de Estado que se exprese en una nueva legislación de la educación universitaria y que será la otra gran tarea que se emprenderá en las próximas semanas, según lo dio a conocer el presidente de la comisión, congresista Daniel Mora (GPPP).
El dictamen tiene un solo artículo y señala también que se suspenderá por el mismo periodo la creación y autorización de funcionamiento de facultades, escuelas profesionales, secciones de postgrado o unidades académicas de formación profesional.
La iniciativa aprobada fue producto de un texto sustitutorio sobre la base de varios proyectos que fueron presentados en la legislatura anterior. Un dictamen en minoría fue presentado por la congresista (GPF) Karla Schaefer en el mismo sentido.

INFORME
Previamente, la comisión escuchó el informe del presidente del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), Wilson Reátegui Chávez, sobre la situación de algunas universidades públicas y privadas y la situación de los Proyectos de Desarrollo Institucional de algunas de ellas, que son requisitos esenciales para su funcionamiento, como de aquellas universidades con autorización provisional bajo competencia del Conafu.
Las universidades públicas con autorización provisional son: Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (Pucallpa), Universidad Nacional José María Arguedas (Andahuaylas), Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima, Universidad Nacional de Moquegua y Universidad Nacional de Jaén.
Igualmente dio a conocer la situación de 15 universidades públicas creadas por ley y que fueron motivo de preocupación de congresistas de la comisión, por lo que fue convocado a la sesión de hoy. Reátegui Chávez dijo que cinco están con autorización provisional y en otros casos no han cumplido con presentar o subsanar observaciones al Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI).
Existen dos proyectos de universidad pública (bajo competencia del Conafu) que han presentado solicitud de admisibilidad: UN Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, y U. Nacional Intercultural de Quillabamba.
Se está evaluando los PDI de cuatro proyectos de universidades: la Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía, de Bagua; Universidad Nacional de Cañete y Universidad Nacional Autónoma de Huanta.
Hay cinco universidades creadas por ley que no han presentado su PDI: las Universidades Autónomas de Alto Amazonas, Tecnológica de San Juan de Lurigancho, Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morrillo, Municipal de Los Olivos y Universidad Nacional Ciro Alegría (Huamachuco).
En lo que respecta a las universidades privadas, 48 de ellas están en proceso de organización. Veinte de ellas en el departamento de Lima. Hay 28 proyectos universitarios. 16 tienen su PDI aprobado, once proyectos han sido admitidos a trámite y un proyecto de universidad ha presentado su solicitud de admisibilidad.
La mayoría de los congresistas preguntó sobre las razones de la demora de autorización de las universidades, a lo que el presidente de Conafu explicó que está en estudio los PDI, que son el instrumento de gestión de cada universidad. Algunos de estos tienen serias deficiencias o no se han levantado las observaciones formuladas a esos proyectos.
Por ejemplo, respecto a la Universidad de Juliaca (preocupación expuesta por los congresistas Rubén Condori y Yonhy Lescano) se explicó que se ha concluido el trámite de admisibilidad y la aprobación del PDI, pero la autorización de funcionamiento está en manos del Congreso.
Algo similar sucede con la Universidad Nacional de Quillabamba (Cusco) y Adam Byron (Chincha). Algunas han sido evaluadas en cinco oportunidades y no han podido resolver las observaciones, como la Universidad Nacional Abraham Valdelomar, que luego se convirtió en la UN de Ica. En este último caso, explicó el funcionario, hubo un traspaso de acciones a un nuevo propietario y la decisión está en manos del Poder Judicial, que en algunos casos ordena el cierre o funcionamiento de una universidad. Conafu, dijo Wilson Reátegui, no administra ni autoriza la creación de filiales de universidades.