De enero del 2000 a junio del 2013, se reportaron 24,570 denuncias por tenencia ilegal de armas y explosivos a nivel nacional, según cifras difundidas por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.
El fiscal superior penal, Miguel Ángel Vegas Vaccaro, explicó que en el 2008, se registraron en el país, 2,280 denuncias por dicho delito; mientras que el 2009, 2,253 denuncias, en el 2010 otras 2,286, en el 2011 2,720 y en el 2012 2,922 denuncias.
Agregó que de enero a julio del presente año, se han registrado 1,372 denuncias a nivel nacional por tenencia ilegal de armas y explosivos.
Asimismo, informó que en Lima, en los últimos trece años, se han registrado alrededor de 4,000 denuncias por el mismo delito que está comprendido en el rubro de delitos contra la seguridad pública.
También especificó que la tenencia ilegal de armas está comprendida en el artículo 279 del Código Penal, que sanciona al que ilegítimamente fabrica, almacena, suministra o tiene en su poder armas, bombas, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias destinados para su preparación.
«La pena privativa de libertad es no menor de 6 años, ni mayor de 15 años «, remarcó.
El fiscal superior dijo, además, que la ley persigue la tenencia o posesión ilegal de armas; mientras que la posesión irregular constituye un acto de carácter administrativo que no constituye delito.
Aclaró sin embargo que esta acción irregular conlleva a la incautación del arma hasta que se cumpla con obtener la licencia ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
Recordó que, con el propósito de combatir la tenencia ilegal de armas, en mayo de 2012, se promulgó la Ley de Amnistía Nº 29858, norma legal que posibilitó a muchas personas regularizar la posesión ilegítima de armas.
«El Ministerio Público puede pedir que se de otra ley de amnistía para que las personas que tienen armas de manera ilícita puedan solucionar ese tema y no sean pasibles de sanción administrativa civil o penal», opinó.
Vegas Vaccaro mencionó que a fin de hacer frente a este problema, el Ministerio Público a través de los fiscales provinciales de turno, realizan continuamente operativos inopinados e intervenciones, en coordinación con la Policía Nacional para prevenir delitos contra la seguridad ciudadana.
«En estos operativos se logra incautar armas a personas tanto de dudosa reputación como a otros ciudadanos», expresó.
l magistrado refirió que es el representante del Ministerio Público ante la Comisión Nacional contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CONATIAF).
El citado grupo de trabajo la integran los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Justicia y Producción, así como la Sunat y Dirección Nacional de Inteligencia.
«El objetivo de esta comisión es evitar de manera conjunta, que las armas de procedencia lícita pasen a engrosar las armas de procedencia ilícita o que sean desviadas al mercado negro», recalcó .
Asimismo, manifestó que es importante practicar un control permanente en las entidades del Estado, realizando un inventario frecuente en los almacenes para evitar sustracciones o pérdidas de armas.
De igual manera, recomendó al público a poner en conocimiento del Ministerio Público si tienen conocimiento de personas que tienen armas de manera ilegal, pudiendo hacerlo de manera anónima o a través la página web de la institución (www.mpfn.gob.pe)
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