INSEGURIDAD CIUDADANA: ¿AGENDAMOS, O NO...?

Ordenémonos. La seguridad es la que buscamos alcanzar, pero sobre la inseguridad es dónde debemos apuntalar o agendar para combatirla.
Desde hace más de 20 años, con el pretexto de sacarnos de la ruina nacional, el Estado invirtió y fortaleció instituciones afines al gran capital (MEF, BCR, organismos reguladores, etc.) con funcionarios bien pagados, mientras que los servicios públicos básicos (como educación, salud y justicia) quedaron relegados, como el que ofrece la PNP. Después de unos años, iba a explosionar la realidad que hoy enrostramos.
En Cañete, recibimos un nuevo modelo procesal penal (2009), y procesal laboral (2010), sin presupuesto; y nunca vimos ni a magistrados ni a funcionarios reclamar por ello, sólo los hemos visto reclamar por mejores sueldos. El sistema judicial por ello se encuentra sumergido en el fracaso de la lentitud y el descrédito. Ahí un primer punto, sobre el que trabajar.
Seguidamente, la PNP abandonó la esencia de la seguridad pública encomendada por la Constitución, para atrincherarse en el esquema de los servicios privados en cuánta empresa se lo haya requerido. No protestamos por tal espectáculo de años que se luce en nuestro valle, como se registra hasta hoy en un nuevo «mall». Hemos aprendido a convivir con esa idea: la privatización del servicio de la PNP, y por ese lado, también deberíamos polemizar.
Nuestras autoridades ediles y regionales entendieron en los comités locales, la necesidad de apoyo logístico y de unión entre serenos y efectivos policiales, pero seamos realistas, el patrullaje integrado en la realidad, es la actuación de un «policía copiloto» en un vehículo municipal. Ni mencionar que en el ámbito rural, tal «acción conjunta» es inexistente. Y seguirán los robos de motos lineales y autos taxis.
Nos hemos acostumbrado, sin marcha de por medio, a observar en nuestras narices la circulación de vehículos (hasta oficiales) sin placas. Cuántos asaltos se hubiesen frustrado, si tales unidades hubiesen parado en los depósitos municipales, gracias a la labor del «patrullaje integrado», pero esa labor le es ajena. Ese es otro punto que replantear a nivel local.
Los dirigentes sindicales, en su mayoría fueron a parar a la cárcel (por extorsionadores o agitadores de toma de carreteras), o muertos muchos; pero ello no redujo las matanzas que se siguen registrando en los últimos días. Cancelar dirigentes no ha sido un clave para contrarrestar la inseguridad. Sin clase sindical, gobiernan las bandas. Pero no nos hemos preocupado en exigir dirigentes de nivel.
En calles y pistas transitan como ambulantes, municipales e inspectores sin una mínima instrucción superior. Si no empoderamos el principio de autoridad, con gente idónea (que los hay), se multiplicarán las infracciones, y no se fomentará una cultura de respeto necesaria que tampoco nadie lidera ni reclama.
Creímos necesaria la existencia de un penal para nuestros reclusos, pero no reparamos que en unos años, los índices de criminalidad tendrían como protagonistas a jóvenes. Y en Cañete, no existe ningún centro de reclusión de menores, que impida que dicha generación aprenda del «lumpen» nuevas técnicas de asaltos y arrebatos. Y tampoco hemos exigido ello.
La lista puede ampliarse, pero lo primero es comprender, que la tarea no sólo es de autoridad, sino de la población en su conjunto. Aún estamos a tiempo, de revertir la historia.