La última visita del ministro Basombrio a la Comisión de Defensa del Congreso, el viernes 26 de agosto, dejó algunas conclusiones. El «escuadrón de la muerte», ahora llamado grupo irregular dentro de la PNP, actuó al margen de la Subuni-dad de Acciones Tácticas (SUAT). ¿Por qué entonces siete de sus miembros son ahora procesados en Chincha?
A todos se les acusa del delito de homicidio calificado, a pedido de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pueblo Nuevo (Chincha).
Se trata del capitán PNP Mario García Chávez y los suboficiales Rayro Castillo Gómez, Walter Quiñónez Loayza, Miguel Espinoza Toribio, Jonathan Requejo Carranza, Teofenes Sánchez Lizarme y Jhonatan Ramírez Grández. Ellos fueron parte del operativo «Cuna de campeones», que tuvo por objeto impedir el secuestro de Josué Candiote Tornero el 20 de septiembre del 2014.
Según ha comunicado la comisión encabezada por el vice-ministro Rubén Vargas, la operación habría tenido visos de falsedad. Para empezar, se sostiene que Candiote, administrador del Centro de Distribución de Fideos «Don Máximo» en Cañete, apenas ganaba 2,300 soles al mes y que por lo tanto no podía ser un objetivo de los delincuentes.
En su declaración a la fiscalía, sin embargo, Candiote afirmó haber tenido la llave del depósito donde se guardaban 29 mil soles de la empresa, motivo suficiente para que los malhechores intentaran raptarlo. Por otro lado, y en esto coinciden el Mininter y el Ministerio Público, se habla de asesinatos extrajudiciales.
Según la acusación de la fiscal Oroz, uno de los secuestradores, Giancarlo Arévalo, presenta una herida pre-mortem en la parte trasversa de ambas muñecas, lo que evidenciaría que estuvo amarrado antes de su ejecución.
Otro punto importante son las heridas de los proyectiles. La pericia ha determinado que los secuestradores estuvieron en una posición por debajo de la altura humana promedio cuando recibieron los impactos de bala y que las heridas fueron realizadas a tan solo 50 y 150 cm. de distancia en el tórax anterior, es decir, de adelante para atrás.
La defensa, por su parte, reclama algunas inconsistencias. Una es la disposición aclara-toria en la que la fiscal Oroz determina que los disparos no fueron a tan corta distan-cia. Tampoco se ha efectuado la reconstrucción de los hechos como corresponde.
Además, señalan que la prueba de absorción atómica que se le realizó a Arévalo y a los otros dos delincuentes fue realizada al día siguiente de ocurridos los hechos, razón por la que no se encontró ningún componente químico que dé indicios de disparos. La versión de Candiote sobre el atraco, también ha variado.
PUENTE PIEDRA
Dos años antes, en el distrito de Puente Piedra, tres policías fueron abatidos cuando se disponían a secuestrar a un empresario. Uno de ellos era el teniente PNP Franco Moreno Goyeneche, hermano del policía que denunció la existencia del escuadrón de la muerte en marzo del 2015.
Lo llamativo es que al momento de la intervención todos portaban chalecos falsos de la Dirandro.
Este detalle cobra relevancia puesto que, según información periodística, el real objetivo de esta banda de malos policías era apoderarse de un cargamento de 60 kilos de droga de un narcotraficante.
La hipótesis se refuerza dado que el mayor PNP Francisco Quispe Bautista, también involucrado en los hechos, fue capturado una semana después con 41 kg de clorhidrato de cocaína.
Alertados de la existencia de un posible envío de droga a Chile, personal de la Dirandro intervino dos vehículos en la garita de Pucusana el 27 de noviembre del 2012. En el interior se hallaba, además de Quispe Bautista, el ciudadano chileno Francisco Rodríguez Villa.
Ello, sumado a los testimonios de los empresarios Santos Martínez Villanueva y Ever Comedero Súmac, quienes reconocieron a los policías muertos en Puente Piedra como los autores de extorsiones en su contra ocurridas meses atrás, da cuenta de que estos policías andaban en malos pasos.
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