24 enero 2007

En Contra de la Discriminación
CONGRESO APROBO LEY QUE ACABA CON “PLAYAS PRIVADAS”…

El Pleno del Congreso, hace unos días, aprobó por unanimidad la ley que castiga a quienes impidan el libre acceso a las playas. Los infractores cometerían delito de racismo y discriminación, pudiendo sufrir una pena de hasta 3 años de cárcel.

La ley establece que todas las playas "son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles" y que debe existir una vía de acceso que permita el libre ingreso cada 500 metros.

El titular de la Comisión de Justicia, Raúl Castro Stagnaro, afirmó que la ley otorga facultades a los municipios para que puedan aplicar severas sanciones a quienes se apropien de una porción de terreno y argumenten que se trata de una “playa privada”.

“Si bien hoy existen los clubes privados y la ley exige que cada mil metros exista una playa de uso masivo, la iniciativa establece ahora que deben existir playas de uso masivo cada 500 metros, y si esto no es respetado, los municipios tendrán todas las facultades para colocar elevadas multas”, afirmó.

Esta normativa complementa a la ley 28867 contra el racismo aprobada en agosto pasado, que castiga penalmente a los que "usurpan las playas".

Castro indicó que la ley aprobada por el Pleno del Congreso incluye sanciones contra quienes no permitan el ingreso de personas a locales de diversión pública o cometan discriminación en cualquier transacción comercial.

Especifica también que no se puede realizar una "selección" de clientes por criterios raciales, por el lugar de residencia o el centro de estudio.

“Hay discotecas que dejan para sí la posibilidad de decidir quién entra en sus instalaciones y quién no lo hace, pero ahora esa situación va a cambiar completamente, porque el proyecto aprobado corta de raíz todas esas situaciones”, precisó.

Al respecto, la Asociación por Derechos Humanos (APRODEH), expresó su apoyo a la iniciativa aprobada por el Congreso. Wilfredo Ardito, uno de sus especialistas, comentó a la agencia EFE que ahora sólo resta impulsar su aplicación.

"El cumplimiento de la ley estará en manos del Ministerio Público y de la ciudadanía, que debe tomar conciencia de que las playas son de todos y que ahora el racismo y la discriminación son prácticas castigadas con prisión", agregó.

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