Por Disponer De Dinero Que Una De Las Partes En Un Conflicto Abonó Para La Otra Parte...
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) destituyó a siete auxiliares jurisdiccionales y a dos jueces de paz no letrados que incurrieron en actos indebidos o de corrupción, llegando uno de ellos al extremo de obligar a presos a trabajar en su chacra de Huaura.
Las drásticas medidas del órgano de gobierno fueron adoptadas al resolver, en última instancia, los procesos disciplinarios iniciados en las Oficinas Distritales de Control de
Entre las destituciones dictadas por el órgano de gobierno figura la de Domingo Guzmán Villafuerte Roque, secretario del Juzgado Mixto del distrito de Cajatambo, Distrito Judicial de Huaura.
Al citado personaje se le imputa, entre otros cargos, no haber tenido control de los expedientes bajo su responsabilidad, haberse dedicado al litigio de asuntos propios y, de acuerdo a imputaciones de los litigantes, obligaba a los presos del penal de la zona a trabajar en sus chacras a cambio de favorecerlos en la tramitación de sus procesos.
Por haber incurrido en actos de corrupción para favorecer a un litigante, el CEPJ destituyó a Víctor Julián Castillo Zúñiga, ex técnico judicial adscrito al Juzgado de Paz Letrado de Ayaviri, del Distrito Judicial de Cañete.
Similar sanción se dictó contra Isaac Rhonald Figueroa Cruz, ex secretario judicial de
Iván Aviles Sánchez, ex asistente de juez del 19º Juzgado Especializado de Familia, en tanto, fue destituido por haber notificado una resolución inexistente, teniendo pleno conocimiento del acto que realizaba.
El ex jefe de
Por disponer del dinero que una de las partes depositó en su despacho para su entrega a la otra parte, el CEPJ destituyó a Luis Enrique Núñez Palomino, quien se desempeñaba como juez del Juzgado de Paz de Cerro Azul, Distrito Judicial de Cañete.
Finalmente, se dictó la drástica sanción contra Polinar Teófilo Campeán Topalaya, Juez de Paz de Primera Nominación del distrito de Huamancaca Chico, provincia de Chupaca, Distrito Judicial de Junín, mientras se dilucida el proceso penal que tiene por delito de abuso de autoridad en agravio del Estado y otros.
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