AL DIA CON MATICES

PUNTO DE VISTA
EL SISMO DE LA CORRUPCION
Escribe: Ing. Armando Samaniego Orellana

Los resultados positivos lo reconocemos a nuestros gobernantes, pero es preciso señalar las acciones negativas para poder corregir, censurar y no imitar. Autoridades centrales, regionales y municipales del Perú se aprovecharon del desastre causado por el devastador terremoto del 15 de agosto en el sur del país para lucrarse con los fondos públicos y la ayuda humanitaria enviada por donantes extranjeros y nacionales.
A petición de la fiscal Juana Meza, que investiga a 15 personas por una denuncia de compras sobrevaloradas de alimentos por parte del Seguro Integral de Salud (SIS), el juez anticorrupción Rafael Vela dispuso el sábado el cierre de frontera para todos los sospechosos. La sobrevaloración de 30 por ciento de los precios, costo al SIS un monto equivalente a 700.000 dólares, que pudo haberse utilizado para adquirir otras 64.700 raciones.
Pero ese dinero fue a parar a manos de los empresarios que pactaron esas compras con directivos del SIS, dependiente del Ministerio de Salud.
La adquisición se hizo a la empresa Plamol, cuyo rubro es la fabricación de zapatos y no la venta de alimentos, lo que indicaría que la compra de alimentos fue digitada por un alto cargo del SIS o del Ministerio de Salud vinculado con alguno de los dueños de la compañía beneficiada.
Pero el SIS no solo compro raciones de alimentos a Plamol, sino también otros productos, como tiendas y equipos de emergencias por un total de 4,5 millones de dólares, y existen indicios de que en todos los casos hubo sobrefacturación.
Uno de los propietarios de Plamol es Pedro Molina Gálvez (sobrino del premier Del Castillo Gálvez), ha dicho que abandonó la empresa hace cuatro años y que se enteró que continuaba activa cuando estalló el escándalo de corrupción.
La oposición, sin embargo lo ha incluido entre los sospechosos y ha requerido el levantamiento del secreto bancario.
El gobierno de Alan García desató una guerra contra el Contralor General de la República, Genaro Matute, al que critico que sus fiscalizaciones y denuncias retrasaban la distribución de la ayuda a las victimas del terremoto. Matute envió al sur del país a cuadrillas de veedores para verificar que la ayuda llegara a las victimas.
El 23 de agosto, el premier Del Castillo presentó al congreso un proyecto de ley para que la Controlaría cesara por 60 días sus funciones preventivas, amparadas por la constitución, con el fin declarado de que las autoridades agilizaran las adquisiciones y contrataciones y distribuyeran las donaciones. A raíz del caso de la compra sobrefacturada de raciones de alimentos, el 25 de septiembre la comisión de fiscalización archivó esa propuesta del ejecutivo porque creaba las condiciones para que se cometiera nuevos ilícitos.
El proyecto de ley recogía la queja del alcalde provincial de la sureña Pisco, Juan Enrique Mendoza, quien afirmó que funcionarios de la Controlaría impedían que distribuyera rápida y eficazmente alimentos, ropa y medicinas a los damnificados. "Nosotros simplemente observamos que donaciones recibía el alcalde, cómo las distribuía y a quiénes se las entregaba" dijo el contralor Matute. "Y hemos encontrado varios casos en los que ha tenido que intervenir el Ministerio Publico por la sospecha de actos ilícitos.
Las denuncias de los pobladores afectados contra Mendoza y otros alcaldes fueron recogidas en Pisco y otras Provincias sureñas a fines de agosto.
En el caso de Mendoza, la Contraloría constató que una importante cantidad de donaciones almacenadas en un campo ferial fueron trasladadas a las instalaciones de una empresa privada donde la familia del burgomaestre ofrecía el servicio de restaurante a los trabajadores.
Cuando Mendoza fue interrogado por las razones de la mudanza de las donaciones, alegó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) había declarado inhabitable el campo ferial. "Pero verificamos con Defensa Civil que no era verdad. Por eso decidimos intervenir", explico Matute.
Más corrupción. Hay irregularidades en otros aspecto vinculados a la ayuda a las zonas devastadas por el sismo de 7.9 grados en la escala de Richter. El jefe del comando de operaciones en la zona del desastre, general Otto Guibovich, informo que las tareas de reconstrucción avanzan lentamente por falta de maquinaria pesada para retirar los escombros. "Mientras no se resuelva este problema la reconstrucción va tardar mucho", afirmó.
Uno de las explicaciones del retraso sería la mala administración de los fondos públicos.
El Indeci transfirió el equivalente de 5,8 millones de dólares al gobierno regional de Ica, de esa cifra, 4,5 millones se presupuestaron para contratar maquinaria. Pero, alegando razones de emergencia y sin mediar licitación, se adjudicaron obras a empresas relacionadas con autoridades regionales. Una funcionaria del gobierno de Ica, despedida por cuestionar la contratación de una compañía, denuncio que altos funcionarios regionales la presionaron para que favoreciera a una determinada firma. "Cuando por cualquier razón se saltan las normas, siempre ocurren hechos de este tipo", comento Matute.
"En el caso del gobierno de Ica, se ha contratado a una empresa que no contaba con maquinarias para remover los escombros, así que ésta tuvo que subcontratar el equipo pesado, elevando el costo del servicio. Además, se la contrato por horas, cuando debió haber sido, según la lógica mas elemental, por la cantidad de escombros retirados". A fuerza de denuncias que surgen una tras otra, el 28 de septiembre, García dijo en Pisco que "es necesario revisar los contratos (del Gobierno Regional de Ica) y corregirlos a fin de optar por una mayor eficiencia en estas labores. ¿Qué es mas conveniente: pagar por metro cubico que se recoge o por hora trabajada?", se interrogó el presidente, rendido ante la evidencias. La Contraloría también ha detectado irregularidades en Indeci. El alcalde del distrito de Túpac Amaru Inca, Tomás Villanueva, denuncio haber recibido de esa entidad paquetes de frazadas que decían contener 100 unidades, pero al repartirlas comprobó que había sólo 80 o incluso menos. "Los funcionarios que cometieron irregularidades son de mando medio". Dijo el legislador Renzo Reggiardo, miembro de la comisión de Fiscalización. "No podrían haber actuado solos, por su cuenta. Debe haber otros de mayor nivel que han respaldado esas acciones irregulares". Cañete no esta ajena a la corrupción por que si se mantiene en el cargo al funcionario que comete irregularidades en relación a los fondos públicos y las donaciones, la autoridad también es responsable.