El fiscal superior Hugo Turriate Loayza, sustentó el pedido de 20 años de pena privativa de libertad para Vladimiro Montesinos, por las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el operativo Chavín de Huántar, en el juicio oral que se le sigue al ex asesor.
El titular de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios precisó que en junio de este año reiteró su denuncia contra el ex asesor presidencial al iniciarse, por tercera vez, el juicio oral del caso Chavín de Huántar.
El fiscal explicó que ello ocurrió porque el juicio se «quebró» en dos ocasiones debido al cambio de los vocales de la Sala Penal Liquidadora, encargada de ver este proceso.
Actualmente, la Tercera Sala Penal Liquidadora se encuentra presidida por la jueza Carmen Rojassi Pella e integrada por los magistrados Carolina Lizárraga Houghton y Adolfo Farfán Calderón.
Las audiencias se vienen realizando con un promedio de dos veces por semana en la Base Naval del Callao.
El fiscal Turriate Loayza recordó que el Ministerio Público formuló acusación por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado contra Vladimiro Montesinos Torres, para quien pidió 20 años de pena privativa de libertad.
También pidió 18 años de prisión para el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás de Bari Hermoza Ríos y 15 años para los coroneles del Ejército, Roberto Edmundo Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga.
De ser condenados, los procesados deberán pagar por concepto de reparación civil, de manera solidaria, 500 mil nuevos soles a favor de los deudos de las víctimas.
Los agraviados son Herma Luz Meléndez Cueva, Víctor Salomón Peceros Pedraza y Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, quien era conocido con el apelativo de «camarada Tito».
El fiscal dio a conocer que presentó la acusación por primera vez el 22 de setiembre de 2006, y aún sirve de base para el proceso que se encuentra en manos de la Tercera Sala Penal Liquidadora.
El Ministerio Público recogió el testimonio, mediante teleconferencia desde el Japón, del funcionario diplomático Hidetaka Hogura, cuya declaración forma parte del expediente.
El ex secretario de la Embajada del Japón en el Perú refirió que los integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) Herma Meléndez Cueva y Víctor Peceros Pedraza fueron capturados vivos en el segundo nivel de la residencia; situación que se percató en momento que era rescatado por los comandos del Ejército.
Contó que alcanzó a oír frases como «no me mates» o «no lo mates».
En esta nueva etapa del juicio, la Fiscalía volvió a ofrecer el testimonio del funcionario japonés, quien se ha ratificado en su versión.
A raíz de estas declaraciones y de las denuncias formuladas por diversas organizaciones de derechos humanos, el Ministerio Público dispuso la exhumación de los cadáveres de los subversivos abatidos y su posterior examen pericial, toda vez que los cadáveres fueron enterrados con una necropsia parcial, sin la presencia de médicos legistas, practicada en el hospital de la Policía Nacional.
En las nuevas diligencias participó un equipo de nueve médicos legistas del Instituto de Medicina Legal y especialistas del Equipo Peruano de Antropología Forense, encabezado por su presidente José Pablo Baraybar Do Carmo. También participó el antropólogo forense estadounidense Clyde Snow.
Parte de las conclusiones de los estudios forenses es que en el caso del cadáver N14, que correspondía a Eduardo Nicolás Cruz Sánchez («Tito»), presentaba un disparo en la región posterior del cuello a través de la primera vértebra cervical, infringida de atrás hacia delante, a diferencia de los demás casos.
En el proceso también han sido considerados como testigos, y están en condición de citados, los suboficiales de la Policía Nacional Raúl Robles Reynoso y Marcial Teodorico torres Arteaga, quienes manifestaron que durante la operación del rescate, al percatarse que Eduardo Nicolás Cruz Sánchez «Tito» pretendía salir de la residencia, confundido entre los rehenes, lo capturaron y comunicaron del hecho, vía radio, al coronel E.P. Jesús Zamudio Aliaga.
Los policías, durante las diferentes etapas del juicio, han ratificado la versión ,que Zamudio dispuso que dos comandos conduzcan al subversivo nuevamente a la residencia.
El juicio oral, que se encuentra en la etapa de interrogatorio de testigos y proseguirá este miércoles 28 de diciembre en la Base Naval del Callao.
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