JAVIER ALVARADO Y EL CASO TELEFONICA

DISPARADOR POLITICO
Escribe: Ceguferno

Se ha destrabado una vez más el lento proceso contra el Presidente Regional, Javier Alvarado y sus cómplices en el caso de Telefónica de Lunahuaná; un caso trabado por culpas alternas del Ministerio Público y en otros casos por los Jueces que juzgan, pero también por la actuación de la defensa del Presidente Regional; hoy se ha dictado el requerimiento de Acusación y estamos en vísperas de ingresar ineluctablemente al Juicio Oral en el Proceso que concita la atención ya no solo de la región Lima sino del país entero, paradójicamente, por el afán protagónico de su principal actor. En las siguientes líneas algunos detalles del proceso:

LOS DELITOS
Los delitos contra la Administración Pública por los que acusa el Ministerio Público a Javier Alvarado en calidad de autor y a sus funcionarios y regidores como cómplices por colusión; solo a Javier Alvarado por malversación de fondos y a Javier Alvarado (autor) y el tesorero, Rolando Luyo por el delito de peculado doloso. Además está implicada la secretaria Miriam Tovar Nolasco acusada de falsificación de documentos.

LA CARPETA FISCAL
Es la N° 559-2007, el expediente es el N° 077-2011, acusa el Fiscal Adjunto de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cañete, Jonathan Hernández Merino y juzga el juez de investigación preparatoria de Lunahuaná, Luis Fernando Chávez Acharte.

LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Para el cobro(multas) a telefónica se necesitaba de algunos instrumentos de gestión que en ese momento no contaba la municipalidad de Lunahuaná; entonces y corroborada por pericia grafotécnica, la Secretaria Miriam Tovar Nolazco inserto en Acuerdos de concejo del año 2000 donde solo se mencionaba TUPA, la palabra RAS (Reglamento de aplicación y Sanciones) aprovechando los espacios en blanco. Por este delito no se pudo acusar a Alvarado al haber prescrito la acción y por tanto se declaro el sobreseimiento en este extremo.

LA COLUSIÓN
Pero además para que REFTEN proceda a «fiscalizar» a Telefónica se necesitaba del acuerdo de concejo y de la selección del ejecutor coactivo que tampoco tenía la municipalidad de Lunahuaná; entonces se procedió a cumplir estos requisitos y así se simulo un acuerdo de concejo y se simulo un proceso de selección de ejecutor coactivo; pero lo dramático de todo esto es que los regidores unánimemente declararon que si hubo acuerdo de concejo y si hubo concurso para seleccionar ejecutor coactivo, sin embargo se encontró en archivos un doble acuerdo y en uno de ellos se acuerda la aprobación del contrato con REFTEN; y el mismo ejecutor coactivo, Lizandro Zapata Corrales desmintió las versiones de los regidores al admitir que no hubo concurso público ya que a él se le contrato de manera directa.
También obra la declaración de la ex alcaldesa, Elizabeth Canales Aybar, que afirma que en el 2002 no se conto con TUPA ni RAS, contradiciendo la versión de los regidores; pero además la versión de la alcaldesa pudo ser corroborada con un informe de la Municipalidad Provincial encargada de ratificar ambos instrumentos de gestión.

EL PECULADO DOLOSO
Loa hechos que sustentan esta acusación se refieren a pagos irregulares realizados a favor del asesor externo, Enrique Fernández Estrella, actual Gerente Regional y antes Gerente de Transporte cuando Alvarado fue alcalde provincial.
Aquí no solo no está acreditada la prestación efectiva del servicio pues no consta en archivos sino el contrato y ningún servicio de asesoría legal entre los años 200 y 2001; sino que también se acredita un pago doble del año 2000; en diciembre del mismo 2000 y en el 2002 con el dinero de la retención a telefónica por el monto de S/.14,400.00 (el asesor cobraba 600 soles mensuales y se le pagaba anualmente). Fernández Estrella no ha sido comprendido en el proceso porque la fiscal de entonces, Elizabeth Vadillo, no lo comprendió en la formalización de la investigación preparatoria y entre otras cosas adujo que no se podía probar que el dinero cobrado por Fernández provenía del dinero de telefónica.

LOS PAGOS A FERNÁNDEZ ESTRELLA
El once de noviembre del 2002, Fernández Estrella emite su recibo por honorarios, el mismo once de noviembre Javier Alvarado emite un memorándum al tesorero, Rolando Luyo, ordenando el pago a Fernández Estrella por S/.7,200.00 por servicios prestados el 2000 y el mismo día se cancela a Fernández Estrella(comprobante de pago 1195). Pero el 22 de diciembre del 2000 este servicio ya había sido pagado con comprobante 884 por S/.7,200.00.
El mismo once de noviembre del 2002, igual se emite recibo por honorarios, igual memorándum y se cancela el mismo día a Fernández Estrella con comprobante 1194 por presuntos servicios del año 2001 y por S/.7,200.00.
Vadillo pretendió archivar pero el Juez contesto que es irrelevante que los fondos con los que se pago a Fernández Estrella provengan del embargo a telefónica, sino que basta que se trate de caudales públicos y que no es necesario que Alvarado tenga el uso directo de los caudales sino que es suficiente que este tenga capacidad de disposición.

LAS CONTRADICCIONES
Javier Alvarado aduce que «su participación…solo fue la suscripción del contrato, siendo el área de asesoría legal a cargo del señor Enrique Fernández Estrella quien participo en las negociaciones del contrato». Fernández Estrella se defiende y asegura no haber participado en las negociaciones con REFTEN y que posiblemente haya sido Noriega, Notario de Lunahuaná y posteriormente regidor cuando Alvarado fue alcalde provincial de Cañete.

LILIANA Y PEPE
La consejera Liliana Torres Castillo aquí fungió de asesora externa y José Espinoza Peña, ex regidor provincial, aquí igual ejerció de primer regidor y ambos formaron parte de la comisión que debió realizar el concurso público para seleccionar al Ejecutor coactivo. La asesora y ex regidora de Alvarado es según el informe de la DIRCOCOR la que presento a REFTEN a la municipalidad de Lunahuaná.

REFTEN
Cuyo gerente fue Rubén Esteban Falcón Tenorio y Luis Alberto Bernal Saavedra su brazo derecho, igual tuvieron participación en los procesos de Chilca y Asia (donde también Liliana Torres fue asesora). La empresa tuvo una existencia efímera pues solo tuvo actividad comercial del 04 de enero del 2002 hasta el 24 de octubre del 2003 cuando se disolvió y liquido. Obtuvo en tiempo record un beneficio económico de S/. 1´221,253.45 por la «faena» de Lunahuaná. Actualmente Falcón y Bernal purgan condena en el penal de Cantera.
S/. 3’489,027.11
Fue el total del dinero embargado fraudulentamente a telefónica, del cual 2¨267,784.40 correspondió a la municipalidad de Lunahuaná y de ese total Alvarado solo ha podido sustentar S/. 252,748.40 determinándose en 3´236,278.71 el perjuicio a la municipalidad de Lunahuaná el que se incrementara con los intereses y la indemnización por daños y perjuicios a telefónica. Elizabeth Canales al suceder a Alvarado solo encontró cuentas en rojo en el municipio de Lunahuaná.