PROVINCIAS DEBEN FIJAR FRONTERAS PARA EVITAR CONFLICTOS Y MALGASTO DE RECURSOS

El Estado creó la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial en el 2002, pero cuando Alfredo Pezo comenzó a dirigirla en setiembre del 2012, solo 11 provincias contaban con límites oficiales promulgados. El resto solo tenía fronteras referenciales, trazadas desde sus leyes de creación, es decir, en algunos casos desde el siglo XIX.
Entonces, Pezo comenzó a elaborar diagnósticos de los límites del mayor número posible de provincias, pues el desorden geográfico propiciaba que algunas poblaciones pertenecieran a una provincia distinta a la que querían o reciban menos presupuesto del que esperaban.
Más de un año después de llegar a esta oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros, Pezo explica que ahora son 12 provincias las que cuentan con leyes de demarcación promulgadas y hay 4 proyectos más que ya salieron de su oficina y su aprobación depende de otras instancias.
Las leyes de demarcación promulgadas pertenecen a las provincias de Huánuco, Piura, Ascope (La Libertad), Bagua (Amazonas), Oxapampa (Pas-co), Coronel Portillo (Ucayali), Huamanga y La Mar (Ayacucho), Churcampa y Tayacaja (Huan-cavelica), Maynas y Alto Amazonas (Loreto).
Estas 12 leyes fueron aprobadas por el Consejo de Ministros, la Comisión de Descentralización y el pleno del Congreso, y 4 leyes más van por este camino.
El Consejo de Ministros ya aprobó la ley de demarcación de Jorge Basadre (Tacna) y la ley de Candarave (Tacna) se quedó en la puerta de este grupo. “Llegué y ya habían cerrado”, dice Pezo, quien asegura que el pleno del Congreso debe aprobar los límites de Chupaca (Junín) y Putumayo (Loreto).
Mientras tanto, Pezo terminará de revisar otros 83 estudios de diagnóstico y zonificación (EDZ), documentos previos para elaborar las leyes de demarcación. “Prometo llegar a 56 leyes de demarcación el 2014. Mi meta al 2016 es sanear 120 provincias”, dice.
Avanzar con los EDZ y las leyes de demarcación permitirá a Pezo resolver diversos conflictos limítrofes. Uno de los más complicados es el que mantienen Puno y Moquegua, pues con la demarcación de la DNTDT, la mina Amantani quedaría en el territorio del primero, y ya no en Moquegua, región a la que siempre ha beneficiado.
“Proponemos gestiones mancomunadas de los bienes. Así, si una región siente que pierde territorio, que por lo menos no sienta que pierde recursos económicos”, dice Pezo.
Otros conflictos se suscitan por cuestiones de identificación. Por ejemplo, la comunidad Nuevo Papaplaya quiere ser loretana, pero, según la demarcación, queda en San Martín.
El funcionario detalla que existen controversias entre Chincha – Cañete, Jicamarca– Huarochirí, Huallanca (Áncash)– Pachas (Huánuco), y en Lima entre Surco–Chorrillos y San Isidro– Magdalena. Para avanzar con la demarcación también se necesita que el Instituto Geográfico Nacional actualice la cartografía. Los mapas modernos grafican 25.000 kilómetros en 1 centímetro, pero los del IGN grafican 100.000 km. Pezo advierte que la complejidad del territorio, dividido en tres regiones, dificultará esta renovación, por lo que la tarea completa tomará aún muchos años.