24 julio 2007

TODOS SALTAN CON POLEMICA LEY QUE INHABILITA A AUTORIDADES PUBLICAS QUE PARTICIPEN EN HUELGAS Y PAROS...

Preocupación y sorpresa en algunos, complacencia y conformidad en otros ha generado la promulgación por parte del gobierno del decreto legislativo 982 que establece la inhabilitación de las autoridades públicas que participen en las huelgas y paros.
El coordinador de la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, Vladimir Huaroc, se mostró sorprendido por la promulgación de dicho decreto, y solicitó al Ejecutivo reconsiderar esta decisión, al señalar que este tipo de medidas pueden alterar los ánimos de los peruanos.
El titular regional de Puno, Hernán Fuentes, calificó a la iniciativa gubernamental como un claro atentado contra los gobiernos regionales. Anticipó que se evalúa denunciar constitucionalmente al presidente Alan García, por este tema.
El titular regional de Ancash, César Álvarez, coincidió que el decreto atenta contra los derechos a la libertad de expresión y de movilización consagrados en la Constitución.
Igualmente los presidentes regionales de Cusco, Loreto y Lambayeque expresaron su desacuerdo y preocupación respecto a esta norma anunciada por el Ejecutivo.
El alcalde de Arequipa, Simón Balbuena, anunció que conjuntamente con el presidente regional Juan Manuel Guillén, presentarán una acción de inconstitucionalidad contra el citado decreto legislativo.
Del mismo modo, gremios sindicales como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) criticaron el anuncio, al denunciar que el gobierno pretende instaurar un régimen "autoritario y represor".
Según la CGTP, el presidente Alan García "le quiere quitar el derecho a voz y participación al país prohibiendo a las autoridades locales y regionales a participar en las acciones de lucha de sus pueblos".
Respaldan el decreto…
Sin embargo, los presidentes regionales de La Libertad, José Murgia, y de Piura, César Trelles, respaldaron la norma y descartaron que la medida afecte el derecho de las personas a manifestarse públicamente.
Dirigentes de los principales gremios empresariales también expresaron su conformidad con el decreto legislativo.
Jaime Cáceres Sayán, de la Confiep; Samuel Gleiser, de la Cámara de Comercio de Lima; y Eduardo Farah, de la Sociedad Nacional de Industrias, descartaron que la norma atente contra las autoridades ediles y regionales.

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