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SE SUSPENDIO HUELGA NACIONAL INDEFINIDA DEL PODER JUDICIAL...

La huelga nacional indefinida que venían acatando los trabajadores del Poder Judicial desde el lunes 26 de noviembre en demanda de mejoras salariales y otros pedidos, fue suspendida luego que se firmara un Acta entre las partes.
En dicho documento se acordó respaldar los esfuerzos que viene realizando la administración del doctor Francisco Távara y la organización sindical en encontrar solución a sus reclamos laborales, que hoy dependen del Congreso de la República y del Ejecutivo.
En la misma se indica que los trabajadores judiciales se reintegrarán a sus labores de inmediato, más un plazo razonable para los desplazamientos a que hubiere lugar, que no excederá de 48 horas.
El documento, de 19 puntos, es suscrito por el gerente general de la institución, Hugo Suero Ludeña, el secretario general de la Federación de Trabajadores, Eduardo Rengifo Infante, entre otros dirigentes sindicales a nivel nacional.
En el Acta queda establecido que el pago de la asignación excepcional – por única vez – de 900 soles para cada trabajador judicial se ejecutará cuando el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley remitido por la Sala Plena de la Corte Suprema para tal fin.
Dicho abono se hará con recursos propios de la institución y no representará gasto alguno al erario nacional, por tal motivo se acordó exhortar al Congreso de la República respaldar esta iniciativa de autofinanciamiento con recursos ya asignados al Poder Judicial.
La Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, en representación de los servidores de este Poder del Estado, se comprometió a continuar colaborando en la lucha frontal contra la corrupción y a su vez asumir públicamente la responsabilidad de trabajar en la reconstrucción de la imagen de la institución, así como retomar las medidas de lucha en caso sus expectativas laborales no sean atendidas por el gobierno.
Del mismo modo continuarán apoyando las medidas sustantivas trazadas por la Presidencia del Poder Judicial y demás órganos de gobierno para la mejora de la administración de justicia con permanente vocación de servicio a favor de los ciudadanos, en aras de fortalecer el sistema democrático y el Estado de Derecho, así como un régimen de seguridad jurídica.