11 septiembre 2009

SALA CIVIL DE CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE... CONFIRMO A CAÑETE COMO SEDE REGIONAL...

Con la transparencia del caso, desmenuzando uno a uno los argumentos del Procurador Ad Hoc del Gobierno Regional, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, confirmó el fallo dado en primera instancia, que señala a la ciudad de San Vicente como sede Regional, y que otorgaba un plazo de 15 días hábiles para que el Gobierno Regional de Lima, cumpla con hacer efectiva dicha medida.
Este fallo no hace sino confirmar la independencia de los magistrados de la Corte Superior de Justicia que no se dejaron intimidar por voces gubernamentales como la de Jorge Del Castillo, que con clara intromisión política, hacia este poder del estado, señalaba que la Sede era en Huacho y que no había nada que reclamar.
Cañete, no hace sino saludar esta decisión de los magistrados de esta Corte, porque nadie acá en Cañete los intimidó para que tomen dicha sentencia, en clara señal del respeto que se debe tener a ese poder del estado.
Los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Cañete, sólo han cumplido con su deber, que es el de hacer justicia.
Igualmente, hay que señalar que este fallo de la Sala Civil de la Corte cañetana, no hace sino reinvindicar el fallo que diera desde el Juzgado Especializado en lo Civil, el Dr. Jacinto Cama Quispe, quien fuera el blanco de la crítica de las autoridades huachanas, en su intento de querer desmerecer dicho fallo. No teniendo argumentos sólidos que avale su postura, las autoridades huachanas, quisieron hacer mella en su vida personal. Incluso hasta lo denunciaron ante las autoridades de Control. Vaya para él, el reconocimiento a su calidad de magistrado, la misma que ha sido desempeñar con total transparencia e integridad.
Nuestro reconocimiento también, como lo han hecho muchos a Italo Maldonado, y al grupo de asesores legales que han tenido tanto Italo Maldonado como el Municipio Provincial, en esta dura tarea.
De otro lado, destacar lo que señala el Dr. Luís Augusto Padilla Castillo, Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Cañete, quien luego de haber realizado con otros letrados un análisis del tenor de la sentencia, al haberse confirmado en las dos instancias el traslado de la sede regional de Lima de la ciudad de Huacho a San Vicente de Cañete; afirma que no procedería el recurso de agravio constitucional, por lo que el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad Provincial de Huara no podrían apelar ante el Tribunal Constitucional.
«La sentencia se convertiría en una Ley que solamente debe cumplirse», señaló el procurador municipal cañetano, con lo cual definitivamente el caso habría culminado.
Finalmente, damos a conocer un comentario de nuestro colega Eladio Quispe Muchotrigo, que ha colgado en su blog «Punto de Encuentro».

PUNTO DE
ENCUENTRO...
«Hoy que los cañetanos celebramos con alegría la confirmación de la sentencia que ordena que en el plazo de 15 días hábiles, el Gobierno Regional de Lima, cumpla con instalar la sede regional en la ciudad de San Vicente, capital de la provincia de Cañete, por parte de los Magistrados de la Sala Civil: Astoquilca Medrano, Vivas Sierra y Durand Prado, es importante hacer una retrospectiva de todo lo actuado hasta el momento, para tratar de bajar un poco el pasionismo y permitirnos reivindicar la decisión primigenia que adoptara el Dr. Jacinto Cama Quispe Juez del Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, en torno a este candente tema.
Sí, hablamos de reivindicar a un ser humano, que asumiendo estrictamente las funciones que el Estado le ha conferido como defensor de la legalidad, luego de conocer los argumentos de las partes, determinó el fallo que hoy ha sido ratificado.
Nos referimos al Dr. Jacinto Cama Quispe, quien lógicamente haciendo prevalecer su formación doctrinaria no tuvo reparos en asumir una posición férrea, que hoy ratificada, refleja la total independencia que existió en todo momento durante el discernimiento que le correspondió efectuar, para llegar a la decisión conocida. Lógicamente que los cuestionamientos de los «perdedores» en todo juicio se centra contra el juzgador, pero los dardos arteros del norte, no distinguieron al Jacinto Cama funcionario judicial, del hombre, ser humano, forjador de una familia y no les importó, que por el mero afán de cuestionar su falló, ventilar su vida familiar, que sólo a él le pertenece y a los suyos.
Y es que el fallo ratificado trae por los suelos una de las principales artillerías utilizadas por algunas autoridades del gobierno regional de Lima y de la Municipalidad Provincial de Huaura, secundados por algunas publicaciones antojadizas; que es la relación existente entre el magistrado y su conyugue la regidora provincial Liliana Torres Castillo.
«la cónyuge del magistrado de primera instancia no es parte del presente proceso de cumplimiento y menos representante de la demandante (Municipalidad Provincial de Cañete) en tanto la Ley Orgánica de Municipalidades reserva al alcalde tal atribución y facultad, si bien es regidora del Concejo Municipal, no es causa suficiente para que el A quo (magistrado) se aparte del proceso, como lo ha establecido reiteradamente el Superior Colegiado (Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete) en casos anteriores, tanto en procesos constitucionales, contenciosos administrativos y ordinarios que se tramitan en el {unico juzgado civil de la provincia de Cañete»...
Clara y contundente esta posición que no responde a espíritu de cuerpo de los magistrados superiores, sino al mismo proceso legal que se desarrolla como doctrina en nuestra corte, fiel reflejo de una independencia, que muchos pensábamos que no podría prevalecer ante el poder político del que pretendieron hacer gala nuestros vecinos del norte.
Por ello, mientras las miradas se centran en los abogados y peticionantes del proceso, con aplausos incluidos y tal vez resoluciones y saludos, consideramos que el mejor reconocimiento debería llevárselo Jacinto Cama Quispe, por tan contundente fallo, así como tampoco no debemos olvidar la decisión de poner el pecho para iniciar esta acción de cumplimiento por parte del ciudadano Ítalo Maldonado Montoya. Él asumió, queremos creer que por omisión, la posición que ninguna autoridad local quiso enarbolar desde el primer instante.

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