09 agosto 2010

SEGUNDO CURSO DE INDUCCIÓN SOBRE NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO SE REALIZO EN CORTE CAÑETANA...
En el marco de pronta implementación de la Ley N° 29497

Con la asistencia de Magistrados y Operadores Jurisdiccionales del Distrito Judicial de Cañete, se realiza desde el jueves 05 de agosto hasta el día 09 de agosto, el Segundo Curso de Inducción de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, en el Distrito Judicial de Cañete.
Es necesario señalar que la Corte Superior de Justicia de Cañete implementará la Nueva Ley Procesal del Trabajo, el próximo 16 de agosto del 2010 y será la segunda sede en que se implementará la citada ley procesal.
El curso de inducción es organizado y ejecutado por el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial y fue inaugurado por el Dr. Darío Palacios Dextre, Juez Especializado Titular e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y miembro del Equipo Técnico Institucional para implementar la Nueva Ley Procesal del Trabajo. La capacitación se viene realizando en el auditorio y en las aulas de capacitación de la Corte Superior de Justicia de Cañete (Av. Mariscal Benavides N° 657, San Vicente de Cañete).
Los expositores del curso de inducción son profesionales reconocidos y con experiencia en el ámbito laboral, tal es el caso del Dr. Víctor Raúl Malca Guaylupo, Dr. Hugo Huertas Rodríguez, Dra. Sara Campos Torres, Dra. Rosa Liliana Dávila Broncano, Dra. Inés Zúñiga Herrera, Ing. Gustavo Moreno, Dr. Omar Toledo Toribio y el Dr. Giovanni Priori Posada.
La Ley Procesal Laboral constituye un instrumento que plantea en conjunto una nueva concepción del proceso laboral basado fundamentalmente en la oralidad, modelo que a la luz de las experiencias del derecho comparado y a la luz de la innovación efectuada recientemente en el Proceso Penal Peruano tiende precisamente a lograr que los procesos puedan ser resueltos en forma mas rápida y eficaz con el objeto de que los justiciables puedan hacer efectivos sus derechos sustanciales.
La nueva norma introduce una justicia laboral que comprende a todo conflicto jurídico nacido de una prestación personal de servicios, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista y administrativa; sean estos individuales, plurales o colectivos, referidos a aspectos sustanciales o conexos, previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.

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