La ministra de Educación, Patricia Salas, informó el día de ayer, que se implementará un Plan Integral contra la Corrupción en su sector, con especial énfasis en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), a fin de detectar y sancionar cualquier acto indebido o irregular.
La funcionaria precisó que su sector ha dispuesto la creación de un grupo especial de trabajo para llevar adelante un plan basado en tres ejes de acción, que permita transparentar los procesos, identificar los «nudos de corrupción» y aplicar penas efectivas a los malos funcionarios.
Indicó que, realizando de manera más transparentes y sencilla los trámites y procedimientos en su sector, habrá menos contacto entre el funcionario y el usuario, y por lo tanto, se reducirán los espacios para la corrupción en ese ámbito.
«Esto se debe reducir con normas más claras, procedimientos más simples y lineales, informatizados en la medida de lo posible», manifestó la funcionaria.
De igual forma, mencionó que se pondrá especial atención en aquellas oficinas sobre las cuales pesan las mayores sospechas o indicios razonables de corrupción, para detectar a los responsables, investigarlos y acusarlos de forma pertinente para que ello no se repita.
La tercera vía de acción de este trabajo anticorrupción apuntará a contar con un sistema que permita aplicar sanciones efectivas, pues de nada sirve identificar al responsable de un acto de corrupción si no recibe la sanción correspondiente, añadió.
«En este momento el grupo está trabajando intensamente en esa tarea para que podamos abordar el tema de la corrupción de manera concreta», manifestó Salas O’Brien.
Tras recordar que cualquier acto de corrupción puede ser denunciado llamando al teléfono 0800-13-867, la ministra invocó a la ciudadanía a colaborar con sus testimonios a fin de que tengan el sustento probatorio que requieren.
«Si tenemos un acto de corrupción, hay que acusarlo y denunciarlo y, para ello, necesitamos la ayuda de los usuarios. Ellos reportan indicios o denuncias pero no nos ayudan a tener pruebas, siendo testigos o dando testimonios. Sin ello es imposible denunciar», remarcó.
Más adelante, Salas se refirió a los colegios emblemáticos remodelados por el gobierno aprista, algunos de los cuales aún están en proceso de construcción, y reiteró que se han recibido quejas sobre compras irregulares, obras inconclusas y sobrevaloradas, entre otras.
«Se ha recurrido a procesos acelerados para construir estos colegios (…) Estamos buscando cómo superar estas dificultades para que se continúe con el proceso de construcción», dijo Salas al mencionar que se ha pedido la intervención de la Contraloría en este aspecto.
Asimismo, agregó que las presuntas irregularidades cometidas en la remodelación del Estadio Nacional también se encuentran en manos de la Contraloría General de la República y del propio Instituto Peruano del Deporte (IPD).
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