25 noviembre 2011

ACUERDO NACIONAL SE SUMA A PROPUESTA DE UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL CANON PARA PROYECTOS DE INVERSION

El secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Javier Iguíñiz, consideró como «elemental» plantear una mejor distribución del canon minero al interior del país, para vincularlo a proyectos de desarrollo.
El presidente Ollanta Humala Tasso anunció recientemente que el Ejecutivo presentará al Congreso de la República una iniciativa para mejorar el canon minero, con el fin de que las regiones y los municipios lo utilicen de manera eficiente.
«Creo que el reclamo del Gobierno actual de distribuir mejor entre las regiones los recursos del canon me parece elemental», declaró Iguíñiz.
Indicó que el canon minero ha de estar vinculado a proyectos de desarrollo y sobre los cuales la población debe tener la seguridad de que corresponden a un plan de desarrollo nacional y que recibirán apoyo del Gobierno Central para su cumplimiento.
Asimismo señaló que la minería debe verse en su impacto en el país y en las poblaciones que se encuentran alrededor de los proyectos, en relación con los beneficios que perciben para superar su pobreza.
«El presidente Ollanta Humala ya ha dicho que el canon es en beneficio de todo el país», subrayó.
Refirió que lograr mayores beneficios de la minería para la población del interior del país se logrará como producto de una negociación, porque hay gobiernos regionales con bastantes recursos del canon, y otros con pocos ingresos.
En los últimos 10 años, las regiones de Perú recibieron por concepto de canon minero 19,702 millones 963,565 nuevos soles, a excepción de Loreto, Ucayali y Tumbes, según el reporte de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
En 2010, la región Áncash percibió 782 millones 241,866 soles, en contraste con la región Piura, que recibió 19,851 soles.
El foro del Acuerdo Nacional es un espacio de diálogo en el que participan el Gobierno, los partidos políticos con representación en el Congreso y organizaciones representativas civiles, para realizar el seguimiento a las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, establecidas en 2002.

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