Los violadores de niños de menos de 10 años son sancionados con la condena de cadena perpetua. Esta sanción es impuesta a aquellas personas que tienen particular autoridad sobre la víctima ya sea el padre, el tutor, el profesor o algún familiar. Así lo reveló la Fiscal Provincial Penal, Jaqueline del Pozo Castro, en declaraciones al programa de televisión «Los Fiscales», tras precisar que los autores de este delito no gozan de beneficio penitenciario alguno.
Según cifras del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, en el primer trimestre del presente año se han registrado 4,629 delitos de violación de la libertad sexual a nivel nacional, de los cuales el 55% son delitos cometidos en agravio de los menores de edad.
Además, del 100% de delitos contra la libertad sexual, el 91% de los denunciantes son mujeres mientras que el 98% de los denunciados, varones.
Solo en Lima Metropolitana se presentan un promedio de nueve denuncias al día de casos de violación a menores de edad.
La Psicóloga Patricia Ruiz Cruz, miembro del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, comentó que son alarmantes las cifras de este delito, anotando que solo el año pasado se hicieron seis mil entrevistas en la sala de entrevista única (cámara Gesell) a menores afectados, anotó en el programa de tv Los Fiscales.
Dijo incluso que estos hechos no solo ocurren en estratos sociales bajos sino también en altos, lo cual se conoce más, en la actualidad, debido a que los niños se están atreviendo a denunciar.
Cabe precisar que en estos casos, los fiscales penales y de familia actúan de forma conjunta tanto para investigar como para dar protección al menor.
La Fiscal Del Pozo Castro explicó que las fiscalías penales se encargan de dictar las medidas urgentes para investigar los hechos y acopiar la información para formular la denuncia.
Así se dispone el reconocimiento médico- legal para determinar el grado de afectación, se recibe el testimonio de la víctima en una entrevista única, se ordenan pericias sicológicas a la víctima y al agresor para determinar el grado de afectación y su proclividad para cometer este delito, respectivamente, y se ordenan pericias biológicas para examinar los fluidos y hasta una prueba de ADN.
A su turno, Maritza Pérez Vélez, Fiscal de Familia, explicó que a estas instancias les corresponde dictar las medidas necesarias para la protección del menor afectado. En tal sentido, se encarga de supervisar las entrevistas a los menores en la cámara Gesell y se aboca al conocimiento del entorno familiar. Si el victimario es un miembro de la familia, dispone su retiro de la vivienda, incluso el internamiento del afectado en un albergue.
Finalmente, la Fiscal del Pozo Castro exhortó a los menores y los padres de familia a denunciar estos hechos para que no queden impunes y se pueda sancionar en forma rápida al agresor.
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