PESCADORES Y BAÑISTAS, EXIGEN JUSTICIA EN PLAYA «LOS REYES»

Los Reyes, bella zona litoral del Distrito de Cerro Azul, viene siendo usurpado, vendido, trajinado y traficado a ciertos naturales de la zona con el mayor desparpajo y falta de respeto por los archivos registrales, pilar de la legalidad en lo que a propiedad se refiere.
No sólo se usurpan terrenos y la justicia tarda en atender los casos, sino que también se destruye y cierra vías de acceso con la anuencia de las autoridades locales y aparentemente con la anuencia de la Fiscalía.
En el Diario El Comercio de fecha Miércoles 14 de Noviembre del año en curso, bajo el titular: «SUPUESTO DUEÑO DE TERRENOS CIERRA VIAS DE ACCESO A PLAYA LOS REYES, EN CAÑETE». Y remata con un sub titular: ·La entrada a la concurrida Playa ha sido bloqueada con tranqueras. Los pescadores artesanales son los más afectados».
En relación a este tema que impide el libre acceso a nuestras playas en el litoral, existen denuncias planteadas ante la Municipalidad Distrital de Cerro Azul, a la Municipalidad Provincial de Cañete así como una interpuesta contra don Bruno Yamacacho en la Fiscalía Provincial de Cañete, caso que por extrañas razones ha sido declarado improcedente.
Los pescadores, bañistas y campistas de la zona, calificaron de Ripley, el fallo de la Primera Fiscalía Provincial en lo Penal de Cañete que despacha la Dra. Irene Liliana Corrales Osorio, Fiscal Provincial Provisional.
Precisan que en la denuncia se señala que los días 26 y 27 de Agosto el denunciado, en forma subrepticia empezó a realizar movimiento de tierra con maquinaria pesada (cargador frontal), destruyendo el camino de acceso.
Además expresa que cerró con montículos de arena, impidiendo el libre tránsito vehicular y peatonal. Usurpando de esta manera lo prescrito en el Art.202 del Código Penal, área privada y acceso público.
Sin embargo, curiosamente, la titular de la Primera Fiscalía mediante Disposición Nº 01, Notifica y señala que se declara la no procedencia y formalización y continuación preparatoria contra el citado personaje.
Los afectados se preguntan ¿En base a qué la Usurpación dejó de ser delito según esta fiscal?, para luego, aclarar que se establece el delito de Usurpación en el Art 202 Inc. 2, «El que para apropiarse del todo o parte de un inmueble altera o destruye los linderos…». Asimismo «el que por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja al otro…»
Pero, la fiscal, resuelve que para que se dé la condición que señala la norma debe ser vecino del predio afectado y que por no ser vecino el Sr. Bruno Yamacacho… «no estaría incurso en este delito».
También agregan que en la segunda parte que habiendo abuso de confianza, violencia, amenaza y que exista un despojo, la Fiscal, precisa que no se ha dado esta situación ya que no se ha despojado a nadie de su propiedad y menos se ha usado la fuerza física para ese fin.
«En otras palabras no existe despojo de terreno, cierre de vía con maquinaria pesada, colocación de montículos de arena, que por lógica impiden que los propietarios y el público, transiten el lugar», remarcan.
A pesar de las evidencias presentadas de la Comisaría de Cerro Azul, cuyos testigos dan fe de las irregularidades señaladas en el anterior párrafo, la Fiscalía hizo caso omiso.
Esta actitud llamó poderosamente la atención, motivo por el cual la Fiscal Corrales ha sido generador de queja ante los órganos jurisdiccionales de Ley, esperando que se corrija esta «irregularidad».

BAÑISTAS CAÑETANOS
Más de uno que ha visitado en décadas pasadas las paradisíacas playas de Los Reyes, se preguntan: ¿Qué de los cientos de cañetanos que se alista a veranear en la próxima temporada?, ¿Qué de los pescadores artesanales que usan esas vías para acortar distancia para ganar su sustento diario?, ¿Qué de la legalidad de las transacciones comerciales realizadas e inscritas en los Registros Público?... ¡No se oye padre!
Los Reyes, se queda sin acceso, con la anuencia de algunas autoridades jurisdiccionales que en vez de velar por los intereses públicos pareciera que hacen lo contrario.
Aclaran que nadie está en contra de la inversión privada, porque éstas son el motor de desarrollo, pero se debe respetar la legalidad sin despojar los derechos de los bañistas, campistas y pescadores. (Lc)