PODER JUDICIAL SOLICITÓ LA DESTITUCIÓN DE 29 JUECES A NIVEL NACIONAL

Durante el 2015, que acaba de fenecer, el presidente del Poder Judicial Víctor Ticona Postigo solicitó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) la destitución de 29 jueces por presuntas faltas disciplinarias graves en el ejercicio de sus funciones.
En la relación de jueces con pedido de destitución destacan cinco vinculados a la red Orellana: El expresidente y los jueces de la Corte de Ucayali:   Francisco Boza Olivari y los jueces mixtos Wenceslao Portugal Cerruche, Ricardo Castro Belapatiño, Luis Palomino Morales y Jorge Reátegui Pisco.

Presidentes de corte
Además de Boza, el Poder Judicial solicitó la destitución de otros tres presidentes de Cortes Superiores: Ricardo Ponte Durango de Lambayeque, Daniel Peirano Sánchez del Callao y  Jhon Rosel Hurtado Centeno de Madre de Dios.
Lambayeque es la región del país que encabeza la lista  de pedidos de destitución con tres jueces de primer instancia y cuatro jueces superiores.
Dichas solicitudes fueron la conclusión de los procesos de investigación realizados por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que dirige la juez suprema Ana María Aranda Rodríguez. 
Cada uno de estos magistrados tuvo la posibilidad de desvirtuar los cargos en su contra, en un procedimiento que muchos consideran en extremo garantista y que demora las investigaciones.
Por ejemplo, la investigación al juez Daniel Peirano duró unos cuatro años. Peirano es procesado por actos que ocurrieron cuando se desempeñó como presidente de la Corte del Callao,  los años 2011 y 2012.
De acuerdo con las investigaciones de OCMA, a través de un tramitador y su chofer, Peirano habría solicitado dinero y regalos –un terno y dos camisas– al litigante Aristóteles Arce, para apoyarlo en dos juicios: uno penal y otro civil.
Peirano insiste en su inocencia. Afirma que el tramitador y el chofer sorprendieron al litigante, sin su conocimiento.

Procesos rápidos
La doctora Aranda y el presidente del Poder Judicial han venido trabajando para reducir los plazos de investigación.  Así, en agosto último, a propuesta de la doctora Aranda,  el Consejo Ejecutivo del PJ, que encabeza Ticona, aprobó un nuevo reglamento que reduce a un máximo de 10 meses los procesos disciplinarios.  Así, en comparación al caso Peirano, los casos de los jueces de Ucayali se resolvieron en año y medio.
«Nuestra gestión busca caracterizarse por ser intolerante a cualquier acto de corrupción, y  también por ejecutar acciones ejemplares para combatirla de manera frontal, sea interna y externamente, siempre respetando el debido proceso y el derecho de defensa del investigado o procesado», indicó el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona.