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COMISION DE CONGRESO SACA LA CARA POR POBLACION DE LAS SALINAS EN CASO EGE CHILCA…

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside el congresista Carlos Cánepa La Cotera (NUPP), acogió la denuncia y asumió la defensa de los pobladores de la urbanización Las Salinas, distrito de Chilca, amenazados por la supuestamente irregular construcción de una planta termoeléctrica en su jurisdicción y que pondría en peligro su condición de balneario turístico, arqueológico y ecológico.
La construcción de la planta ha sido autorizada por los alcaldes del distrito local y de la provincia de Cañete, y tiene el visto bueno las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, que habrían aprobado un estudio de impacto ambiental (EIA), que sería copia fiel de un estudio elaborado para una empresa minera y encargado a una firma que no figuraría entre las autorizadas para este tipo de estudios.
La denuncia fue hecha por Milagros Mimbela Gonzáles, coordinadora general del Frente de Defensa de Las Salinas, quien en una documentada exposición, acompañada de informes periodísticos difundidos por televisión, aseguró que la planta está en construcción en el kilómetro 67 de la Panamericana Sur, considerada zona arqueológica por el Instituto Nacional de Cultura y declarada zona residencial por las normas municipales.
La planta de generación eléctrica se encuentra, además, rodeada por tres lagunas de aguas medicinales, a la que acuden miles de familias; y en plena playa turística, visitada por otros tantos turistas.
Además, proyecta utilizar 200 galones de agua de mar por segundo para la generación de energía eléctrica, y devolverlos al mar con otra temperatura, lo que pondría en peligro la riqueza ictiológica del lugar, además de contaminar el medio ambiente.
La Comisión, a solicitud de las congresistas Hilaria Supa, María Sumire y Gloria Ramos, acordó invitar a su próxima reunión a las autoridades del MEM, al alcalde chilcano, a los directivos de la empresa Egechilca y a la firma que habría elaborado el EIA, para que expliquen el proceso seguido para la autorización dada a la generadora.
De igual forma, acordó dirigirse a la Defensoría del Pueblo para que tome cartas en el asunto y, en coordinación con la Subcomisión de Ambiente y Ecología, analizar la procedencia de solicitar la suspensión de los trabajos mientras dure el proceso de investigación de la denuncia de los residentes de la zona.