AL DIA CON MATICES

Polémico abogado del sonado “caso más arroz”, presenta Recurso de Reconsideración…
ARMANDO GUERRA SEÑALA QUE DENUNCIARA A RUBEN AUQUI SI NO ANULA SANCION DISCIPLINARIA DE DESTITUCION CONTRA SU PERSONA…

SAN VICENTE.- El Dr. Armando Guerra Quispe, presentó un Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Alcaldía Nº 888-2006-AL-MPC, calificado por él como un acto administrativo arbitrario e irrito, que resolvió imponerle una sanción disciplinaria de destitución en el sonado caso “Armando más arroz”.
El otrora asesor legal de la gestión de Rufina Lévano Quispe, en dicho recurso, exige al burgomaestre Rubén Auqui Cáceres que declare nula la sanción impuesta, aduciendo que contraviene a la Constitución y normas de orden público. O en todo caso, exige, se revoque la resolución cuestionada, absolviéndolo de sus cargos imputados; en virtud de los fundamentos fácticos y jurídicos que expone en un documento presentado ante el despacho de Rubén Auqui.
Precisa que la Resolución de sanción no ha tenido en consideración los principios fundamentales que rigen el debido procedimiento administrativo y menos la potestad sancionadora administradora.
En este punto señala que se han “vulnerado de manera insolente y descarada los principios de legalidad al debido procedimiento, de razonabilidad, tipicidad, imparcialidad y de conducta procedimental y otros.
Dio a conocer que en su momento presentó los descargos ante la Comisión Especial de Procesos que fueron observados por la Sociedad Auditora Elmo Serrano y Asociados S.C Auditores y Consultores.
Agrega que de esa forma estableció con meridiana claridad que mi persona no ha participado en el procedimiento de adquisición del producto de arroz para el Programa de Asistencia Alimentaria – PRONAA.
Y menos en el otorgamiento de la buena pro al postor ganador, porque esta es competencia del Comité de Adquisiciones con que cuenta la Municipalidad Provincial de Cañete.
Puntualiza que ha precisado que su persona por orden superior ha efectuado la entrega de un título valor – cheque emitido con la cláusula “no negociable” al proveedor ganador de la buena pro, señor Luís Fernández Torres.
Explica que aquella persona de conformidad con el artículo 190º de la Ley Nº 27287, es la única persona que puede efectuar su cobro de la entidad bancaria, versión que se ha precisado en el informe oral concedido por el citado Comité Especial.
“Entonces, es evidente que no se ha efectuado pago a persona distinta de la que señala la orden compra y comprobante respectivo, como falsamente se aprecia en la resolución cuestionada”, expresa Armando Guerra.
El hoy aspirante a una curul concejal de las filas de Somos Perú, califica como una vulneración grotesca de los principios administrativos de legalidad del debido procedimiento, con tipicidad, imparcialidad y de verdad material; los actos realizados.
En otro de sus párrafos, Armando Guerra, no se explica porque a los otros funcionarios que están comprendidos en la misma observación y de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones ROF, no han sido sancionados con severidad.
Precisa que a pesar de tener mayor responsabilidad en las funciones al conducir el proceso logístico en su etapa de adquisición, almacenaje, distribución y mantenimiento, han sido absueltos y en otros casos suspendidos con 31 días.
En todo momento aclara que participó en la compra del arroz, pero jamás pagué a persona distinta de la que se señala en la orden de compra y comprobante de pago, tal como sostiene la resolución, la que califica de “aberrante y fuera de contexto de la realidad”.
Armando Guerra, expresa también que de todo esto tenía conocimiento el tesorero Luís Alberto Bravo Arias porque giró el cheque a nombre del proveedor que ganó la buena pro Luís Fernández Torres.
“Sobre la facturación del proveedor Juana Elsi Ignacio Tafur, tenían conocimiento la Gerencia Municipal (Juan Luyo), Gerencia de Administración (Rómulo Cárdenas), Gerencia de Desarrollo Social (Mariela Cama) y Tesorería (Luís Bravo), conforme al cargo que muestra”, esgrime.
Finalmente, Armando Guerra, advierte que en caso de persistir la validez del acto administrativo emitido por el actual alcalde, acudirá a los fueros correspondientes con la prueba pormenorizada para hacer valer sus derechos.