AL DIA CON MATICES

RICHARD Y JAVIER PODRIAN SER DENUNCIADOS PENALMENTE...
Por Infringir Ley 982-07, Que Les Prohibe Participar En Marchas...

SAN VICENTE.- Los alcaldes tanto de la Municipalidad Provincial de Cañete, Javier Alvarado Gonzáles del Valle como el de Imperial, Richard Yactayo, podrían ser inhabilitados de sus cargos, por infringir el Decreto Legislativo 982 – 2007, que prohíbe a todas las autoridades del país a participar de las movilizaciones que convoquen los principales frentes de lucha de cada región.
Como es de conocimiento público, en la reciente movilización convocada por los damnificados de Imperial ante la desatención del Fondo de Reconstrucción del Sur, FORSUR, participaron en la protesta autoridades y funcionarios ediles de ambos municipios.
Nadie duda que la protesta es un justo derecho de los pueblos, más aún si ésta se trata del incumplimiento de las promesas de las autoridades del Gobierno Central con los pueblos afectados del sismo del 15 de agosto.
Sin embargo, hay que recordar que el régimen actual en julio del presente año publicó sendos decretos legislativos del Nº 982 al 992, como parte de un paquete cuya finalidad fue el de combatir la criminalidad organizada.
Las normas modificaron el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal, la Ley Penal contra el Terrorismo y otros.
Aquí resulta relevante resaltar la modificación introducida por el mencionado decreto legislativo al artículo 200 del Código Penal, que tipifica el delito de extorsión.
"En ese extremo, la norma fija que el funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de dirección que, contraviniendo lo instaurado en el artículo 42 de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra de cualquier índole, será sancionado con inhabilitación de acuerdo con los incisos 1) y 2) del artículo 36 del Código Penal…"
Si bien es cierto, que la norma en su momento, fue considerada anti democrática, anti constitucional y anti descentralista porque pretende recortar las libertades democráticas a personas que han sido elegidas democráticamente por el pueblo, pero no fue modificada.

PROCURADOR PONE EL DEDO EN LA LLAGA…
A esto se debe agregar que el Procurador Provincial de Anticorrupción, Dr. Robert Deza, puso el "dedo en la llaga" al señalar que él ha sido "testigo de excepción" de la movilización del pasado martes 23 de Octubre.
Y más aún que da fe en un documento y exige a la Fiscalía Penal de Cañete la investigación sobre el particular porque las autoridades "hicieron uso aparente de los recursos públicos y de bienes de la comunidad".
De fuentes bien informadas al Ministerio Público, se supo que el Procurador habría sustentado su informe con pruebas videográficas de la marcha, y se daba por descontado la apertura de las investigaciones contra ambas autoridades.