El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Jaime Delgado, planteó que el Gobierno cobre la deuda tributaria y aplique con Telefónica la
política de «pagar primero y reclamar después», la misma que la empresa pone en práctica con los usuarios.
«Cuando un usuario tiene algún reclamo del servicio, Telefónica ha aplicado durante años la política de pagar primero la deuda y luego formular el reclamo. Es hora de que el Estado aplique lo mismo para que Telefónica pague su deuda si quiere renovar contrato», dijo.
Lamentó que la empresa de capitales españoles, por su gran poder económico, adopte la estrategia de judicializar esa deuda tributaria para que permanezca en ese ámbito por años, y perjudique al erario nacional.
Según una denuncia periodística de IDL Reporteros, el juez Carlos Cueva Andaviza, titular del Octavo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, emitió una medida cautelar para que Telefónica evite pagar una deuda de 2,300 millones de nuevos soles.
«El Estado debe hacerse respetar y decirle a Telefónica que pague primero y reclame después. Pese a la deuda millonaria, pretende que el Gobierno le renueve el contrato de servicios por 20 años, sin tomar en cuenta las obligaciones tributarias pendientes que tiene», indicó.
Mencionó que la renovación del contrato no es una obligación, sino una posibilidad que el Gobierno tiene porque puede invitar a un operador externo para que brinde el servicio de telefonía en el país, o en todo caso convocar a una licitación pública internacional.
Delgado argumentó que Telefónica pretende la renovación del contrato, suscrito originalmente en 1992, porque el mercado peruano de comunicaciones es atractivo y, por tanto, otros operadores internacionales también pueden tener el mismo interés.
«Así tendríamos postores con mejores condiciones de servicio para el usuario. (…) La decisión que tome el Gobierno en este campo debe ser muy consciente, porque la población se encuentra totalmente sensibilizada con Telefónica por el maltrato de años», comentó.
Como prueba de ello mencionó en TVPerú que en un programa radiofónico se realizó una encuesta al público sobre la renovación del contrato a la compañía española y el 100 por ciento opinó en contra.
Además, el legislador de Gana Perú consideró que sería un precedente negativo la renovación del contrato con una empresa que tiene una millonaria deuda por impuestos, lo que revelaría su falta de compromiso con los deberes tributarios del país.
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