07 julio 2012

DISPARADOR POLITICO

Escribe: Ceguferno

El martes amaneció con una noticia sorpresiva para algunos, esperada por otros, se había declarado fundado, por un juez chinchano, el recurso de habeas corpus a favor de la consejera regional.

EL HABEAS CORPUS…
Solo variaba la orden de detención por comparecencia y así las cosas ello no afectaba el proceso que se hallaba en lectura de sentencia

LA CONTUMACIA
Esto es, la falta de comparecencia de la procesada al juicio, había quebrado en los hechos el juzgamiento y lo retrotraía al juicio oral, ello sería apuntalado por el cambio de dos jueces superiores integrantes de la sala que juzgaba a la rebelde procesada.

LA VACANCIA
Coincidentemente (¿?), el mismo martes se reunía el consejo regional y se vería entre otros, la vacancia de la consejera y claro, llegó oportunamente la decisión del cuestionado juez Solari Oliva y la consejera personalmente vería el caso.

LA AGRESIÓN
Pero un hecho oscurecería la llegada de la consejera, el personal de seguridad de la consejera (simpatizantes le llaman) agredió cobardemente al periodista Carlos Bustamante y su hijo por preguntas que provocaron la intolerancia de los allegados a la dirigente de Patria Joven.

LA INTOLERANCIA…
De simpatizantes (¿?) de Patria Joven es una conducta recurrente («modus operandi» lo llamaría un comunicador social) y sino recordemos la llegada de Javier Alvarado procedente de Israel, la audiencia en el proceso al mismo Alvarado en Lunahuaná, la audiencia de lectura sentencia a Liliana Torres y demás coprocesados, todos ellos actos teñidos de agresión de huestes del «torito» hacia periodistas y no simpatizantes.

LA ANÉCDOTA
Recuerda Rubén Auqui, amenazado de querella por la Consejera, que cuando Alvarado fungía de Alcalde Provincial fue encarado por, la entonces regidora, Liliana Torres a raíz del despido del ingeniero Regulo Navarrete (el mismo que fungió de Ejecutor Coactivo en Telefónica de Asia) y la regidora le enrostro la nula preparación académica de Alvarado y por tanto no se encontraba preparado para criticar la labor de Navarrete.
En la siguiente reunión de Consejo Provincial, la regidora volvió a encarar al Alcalde y le pidió conocer las doscientas obras que publicitaba entonces el Alcalde y le alcance en el acto la rendición de gastos de cada una de las obras; bueno después la regidora se olvido de su petición y años después públicamente confesaría que jamás fiscalizo la gestión del Alcalde Javier Alvarado.
¿Si un regidor no fiscaliza a funcionarios y alcalde, qué hace en el municipio? ¿Si hubiera cumplido su función la regidora se hubiera evitado el caso FINVER, los recibos por honorarios fantasmales, la nula rendición de gastos de los funcionarios municipales de entonces?

EL PROCESO CONTRA RICHARD YACTAYO
Ha llegado a la etapa intermedia el proceso contra el ex-alcalde imperialino (2007-2010) Richard Yactayo Duran y otros seis coprocesados, todos ellos ex funcionarios de la comuna imperialina.
El requerimiento de acusación lo hace el Fiscal Provincial Noé Cárdenas y el delito es peculado doloso agravado; la acusación está sustentado por el informe pericial de un prestigioso contador imperialino y los hechos materia de acusación se refieren a una donación de Aduanas Puno.
En un noticiero matutino, que a la sazón dirige el mismo Richard Yactayo, este junto a un coprocesado, se defendían amenazando al Fiscal en una actitud con tufillo a chantaje. A propósito, estaba tan nervioso el ex-alcalde que repetidamente confundía a Noé Cárdenas, el Fiscal, con el ex-regidor Oré Cárdenas.
Si supera el Control de Acusación, se dictará el auto de apertura a juicio e ingresaremos a un nuevo Juicio Oral contra la corrupción de autoridades edilicias.
Buena parte de este proceso contra la corrupción se lo debemos al ciudadano imperialino Alejandro Vicente más conocido como 100% cañetano y a la ex-procuradora Sheyla Altamirano, la misma que extrañamente fue apartada de su función cuando había hecho un requerimiento de informe sobre las irregularidades halladas durante el período 2007-2010 en las distintas áreas de la Municipalidad Distrital de Imperial.

LAVADO DE ACTIVOS
Es el motivo de la investigación de la Décima Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima contra Lita Román Bustinza, Vice-presidenta Regional, y se refiere a un posible desbalance patrimonial en tanto los sueldos y otros ingresos familiares no sustentan los bienes que posee la funcionaria regional.
Aducen los allegados de Lita Román, el ex-asesor Roger Taboada entre ellos, que se trata de una maniobra distractora y calculada del Presidente Regional para evitar que Lita asuma la presidencia de la Región si es que se dicta prisión contra el actual Presidente Regional cuyo proceso está en Control de Acusación con motivo del proceso que se le sigue por el caso de Telefónica de Lunahuaná. Que la Fiscalía y, si es el caso, el Poder Judicial decidan la suerte de la funcionaria regional.
Por allí también está en investigación el ex presidente regional Nelson Chui Mejía quien también acusa una persecución política montada desde la Región Lima.

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