Las editoriales Bruño y Santillana fueron sancionadas por el Indecopi con una multa de 219 mil nuevos soles en conjunto, por haber entregado prebendas a cerca de tres mil colegios particulares a cambio de que éstos obliguen a los padres de familia a comprar sus textos escolares.
Los cargos imputados a estas empresas son la práctica distorsionadora del mercado y la afectación de los intereses económicos de los consumidores.
La multa fue impuesta por la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi en primera instancia, medida que se les ha comunicado ayer, informó su secretario técnico, Edwin Aldana, en conferencia de prensa.
Señaló que a partir de la notificación, las editoriales en cuestión tienen un plazo de cinco días hábiles, es decir hasta el viernes 28 de diciembre, para apelar la decisión de la Comisión.
De presentarse la apelación, explicó Aldana, los casos serían asumidos por la Sala Especializada de Protección al Consumidor, que deberá revisar todo el legajo que en una primera oportunidad ya chequeó la Comisión.
En la rueda de prensa, Aldana informó que en los próximos días se tendrá listo el resultado de la investigación de oficio que se le sigue a otras cinco editoriales por el mismo motivo. Estas son Corefo, Hilder, Magic Book, Nazareth y Master Libros.
El funcionario explicó que la decisión de multar a las editoriales se basó principalmente en los reportajes presentados en el programa Panorama de Panamericana Televisión, que han sido la prueba contundente de la comisión de la falta.
Agregó que los diálogos entre la representante de Bruño y algunos maestros se deduce con toda claridad la oferta que se hace a los directores de colegios.
Los «beneficios» que ofreció Bruño a los colegios van desde el 30% de lo vendido, traducido en bienes como agendas, artefactos, vasos, laptops, libros, trofeos y hasta auspicios para contratos de orquestas.
En tanto, Santillana ofrece un fondo económico para la compra de implementos tecnológicos para el colegio, aunque admite que antes sí entregaba dinero en efectivo.
Aldana señaló que existen suficientes pruebas de que los colegios privados involucrados no seleccionaban los textos con los que estudiaban sus alumnos siguiendo criterios pedagógicos sino buscando prebendas.
Es más, enfatizó que muchas veces esos convenios se hacían por un período de dos años, lo que significa que ni siquiera se analizaba cada año los textos a pedir a los alumnos, sino que todo estaba ya acordado de antemano.
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