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PROCURADOR ANTICORRUPCION CUESTIONA FUNCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN CAÑETE

El Procurador Anticorrupción Descentralizado del Distrito Judicial de Cañete, Dr. Robert Deza Quispe, señaló que el Ministerio Publico en esta provincia no cumple con las atribuciones que la ley le faculta en la lucha contra la corrupción.
Según Dezza Quispe, señaló que quienes están al frente del Ministerio Público no agotan las acciones coercitivas como aplicar multas, apercibimiento, conducción de grado o fuerza contra una determinada autoridad para llegar a la verdad de los hechos y determinar la responsabilidad en cualquier delito denunciado.
Deza Quispe, anunció que ha iniciado las quejas correspondientes ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público para que se investigue el supuesto mal proceder de algunos fiscales que al parecer no cumplen con su función al no tomar en cuenta muchos medios probatorios, cuando se denuncia actos de corrupción contra una determinada autoridad, poniendo como ejemplo al burgomaestre de Imperial, Richard Yactayo Durand.
Señaló que la complacencia que tiene un Fiscal con un funcionario público elegido como autoridad, deberá ser investigada también por el Órgano de Control Interno del Ministerio Público.
«Hay investigaciones iniciadas al alcalde de Imperial y que ahora han sido archivadas», continuó diciendo, tras dejar en claro que esta situación le causa extrañeza por no informar a quien representa al Estado para que este pueda en salvaguarda de sus intereses volver A actuar.
Deza Quispe refiriéndose a las diversas denuncias que hay contra la gestión de Richard Yactayo Durand, desconoce si este esta blindado por el Ministerio Público, anotando que cuando hay un funcionario público denunciado, aparece ciertas falencias o ceguera temporal por parte de quienes llevan las investigaciones.
Finalmente, manifestó que es una modalidad del Ministerio Publico a través de sus Fiscales, «jugar a las varias denuncias por un mismo hecho», para salvar a los funcionarios públicos de denuncias por delitos graves de peculado y malversación de fondos y terminar archivando los procesos.