Autoridades de Lima y Callao, conjuntamente con el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, acordaron en Palacio de Gobierno realizar coordinaciones para montar un sistema de justicia efectiva que sancione con penas comunitarias los delitos menores.
La propuesta la formuló la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, durante la segunda sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana realizado con presencia del presidente de la República, Ollanta Humala; ministros de Estado, autoridades ediles, entre otras autoridades.
Villarán pidió que se amplíe dentro de la competencia de los jueces de paz, el conocimiento no solo de las faltas, sino de los delitos menores como el robo de carteras, celulares, entre otros.
La burgomaestre manifestó que el Poder Judicial ha desarrollado un proyecto al respecto y que si ello se concretara «sería un paso de gigantes» para reducir la impunidad frente al accionar delictivo, lo que, anotó, precisamente genera sentimiento de inseguridad entre la población.
El jefe del Estado consideró interesante la propuesta edil y dijo que coordinará con el sector Interior y con el Poder Judicial la viabilidad de la misma, puesto que -dijo- se deberá verificar si existe la infraestructura necesaria para el trabajo de los jueces de paz.
Enseguida intervino el titular del Interior, Oscar Valdés, para recordar que hace un tiempo se instaló un Juzgado de Paz en la comisaría de Comas. «Las comisarías sí pueden recepcionar, necesitamos que se elijan a los jueces de paz porque eso nos permitirá distinguir las faltas de los delitos».
No obstante, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, manifestó que un juez no puede imponer una pena comunitaria si no tiene un menú de posibilidades sobre dónde los delincuentes deben cumplir su condena y cuál será el trabajo que realizarán.
«Por eso es que los jueces no dictan estas penas, porque eso requiere toda una infraestructura compleja», subrayó.
Refirió que por ello se requería el compromiso de gobiernos locales y regionales, para poder organizar todo un sistema de justicia menor efectiva, que sancione con penas comunitarias los delitos no graves.
Indicó que ya se ha dado la ley y su reglamento, y lo que falta es organización de distintas entidades.
Tras su intervención, los alcaldes de Lima y el Callao, así como los presidentes regionales de Lima provincias y el Callao, aseguraron que cederán locales propios al Poder Judicial para que puedan trabajar los jueces de paz.
El presidente regional del Callao, Félix Moreno, indicó incluso que se podría organizar toda una red de trabajo para los delincuentes que cometen delitos menores, como limpieza pública y pintado de fachadas, entre otros.
La ministra de Educación, Patricia Salas, también presente en la reunión, planteó que se forme un grupo de trabajo que pueda viabilizar el tratamiento de delitos menores, no sólo en Lima sino en provincias, porque, comentó, ello evitaría que delincuentes menores se conviertan en delincuentes mayores.
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