ALVARADO ESTÁ INCAPACITADO MORALMENTE PARA GOBERNAR DICE VICENTE SANCHEZ DE CONFIANZA PERÚ

En un comunicado dirigido a los diferentes medios de comunicación, el líder del Confianza Perú a nivel regional, Vicente Sánchez Vásquez, dio a conoce su posición en torno a los sucesos que vienen ocurriendo al interior del Gobierno Regional, comunicado que damos a conocer a nuestros lectores.
El 08 de agosto, el Movimiento «Confianza Perú» fue la primera voz que se alzó para denunciar que Javier Alvarado mostraba mayor interés en su candidatura a la Presidencia de la República antes que ser un buen Presidente Regional y le pedíamos que se dedique a tiempo completo al cargo para el que fue elegido.
Dos meses después, las denuncias hechas por personas despedidas del GRL evidencian no sólo que ese interés personal se ha convertido en una maquinaria política nacional sino, lo que es más grave, que se han utilizado dolosamente bienes, recursos y personal del Gobierno Regional de Lima en la campaña de recolección de firmas del partido «Triunfa Perú» cuyo promotor es el propio Javier Alvarado, hechos que pueden ser tipificados como ilícitos penales y que deben ser inmediatamente investigados.
Políticamente, los hechos denunciados significan la caída en picada de la legitimidad para gobernar del Presidente Regional y una nueva etapa de la crisis de gobernabilidad instalada en el GRL. Por ello, si bien el concepto de incapacidad moral solo se aplica para vacar al Presidente de la República de acuerdo al Art. 113º de la Constitución Política, declaramos que Javier Alvarado se encuentra INCAPACITADO MORALMENTE para seguir como Presidente Regional, y le exigimos que se desista públicamente de seguir adelante en su campaña a la Presidencia de la República y que retire de la ONPE la solicitud del kit electoral del partido «Triunfa Perú». Si no lo hace, no tendremos otra alternativa que impulsar la revocatoria del Presidente Regional en enero del 2012 para restablecer la moral y la gobernabilidad en la Región.
Legalmente, la gravedad de los hechos denunciados amerita la acción de control de la Contraloría General de la República y la investigación inmediata del Ministerio Público y del Congreso de la República, y esperamos que dichas instituciones procedan de oficio, o recurriremos a ellas como ciudadanos agraviados.