El penal de Cantera, ubicado en el distrito de Nuevo Imperial, fue la manzana de la discordia que provocó las protestas en Cañete... y que dejo como trágico saldo a un poblador fallecido.
En ese penal, lo que existe es hacinamiento y tiene un pésimo servicio de desagüe. Además colabora con el aumento de la delincuencia.
Desde que se supo que las autoridades penitenciarias iban a ampliar con la construcción de algunos pabellones el penal, de una forma u otra intentaron evitarlo, porque simple y sencillamente eso implicaba un incremento de la delincuencia.
A medida que pasaron los días, y cuando el Vicepresidente del INPE, Magán anunció que llegaría a Cañete para conversar con las autoridades sobre esta amplicación, las autoridades lo esperaron con impaciencia... Pero, el azar, hizo que a las dos reuniones pactadas, el Sr. Magán llegase tarde, sintiendo las autoridades y la población que se trataba de una mecida, porque la ampliación se iba a hacer sí o sí.
De esta forma, es que se programó primero un paro de 48 horas para expresar nuestra disconformidad con esta ampliación; y pese a que las autoridades cañetanas intentaron convencer a las del INPE, sobre esta negativa, las autoridades del INPE dieron a conocer que la ampliación iba de todas maneras.
Ello obligó a que el Frente de Defensa de los Intereses de Cañete se pronunciase por la continuación del paro, haciéndolo indefinido, el mismo que ya fue suspendido.
El argumento es que la presencia de sus 3.200 internos –la mayoría de alta peligrosidad y procedentes de varios penales de Lima– trae consigo no solo a familiares de los presos, sino también a sus compinches, quienes llegan hasta Cañete para planear asaltos.
Cañsete se ha caracterizado siempre por ser una ciudad tranquila, con poco resguardo policial y un importante crecimiento económico, pero ahora muchos delincuentes que estuvieron en ese penal –o sus cómplices– se han asentado en la periferia de San Vicente y los distritos de Imperial y San Luis. Su presencia ha llevado a que se registre una creciente ola de asaltos en esta provincia. Desde las mencionadas zonas planifican constantes delitos que van desde extorsiones a comerciantes hasta cobro de cupos a transportistas y secuestros al paso.
Inaugurado en el 2001, para albergar a 800 internos, el penal tiene en la actualidad a 3.200 presos. Ellos se encuentran hacinados y expuestos a contraer diversas enfermedades infecciosas debido a que los desagües y desechos que generan van a parar, sin tratamiento alguno, a unas pozas improvisadas y contiguas al establecimiento penitenciario, las cuales se van habilitando conforme las otras se van llenando. Las pozas están muy cerca de un colegio y un asentamiento humano cuyos pobladores corren el riesgo de contraer diversas enfermedades por la presencia de estos vertederos.
El INPE no da una solución a esta deficiencia, por lo que los pobladores de las zonas cercanas exigen se instale la red de desagüe antes que cualquier ampliación.
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