REVOCATORIA ARMA DE DOBLE FILO Y NEGOCIO REDONDO DE ESTAFADORES, FRACASADOS Y DESOCUPADOS…

Los procesos de consulta popular de revocatoria están contemplados en la legislación peruana como posibilidad para destituir de sus cargos a alcaldes, regidores, presidentes regionales, vicepresidentes regionales y consejeros regionales, así como jueces de paz que provengan de una elección popular
Cuando la Oficina de Procesos Electorales (Onpe) puso en venta los kits para recolectar firmas y forzar la salida de autoridades regionales y municipales estalló un furor. Cientos de revocadores pagaron S/. 84,48 y se lanzaron a comprar los planillones; en éstos debían consignarse el 25% de total de adherentes de una jurisdicción y así convocar a una consulta popular. El proceso era decisivo, del resultado dependía la suerte de la autoridad cuestionada. Se quedaba o iba.
A menos de 10 días de vencerse el plazo para presentar la solicitud de revocatoria, a nivel nacional solo 14 comités lograron juntar las rúbricas necesarias.
«Estas revocatorias, lejos de ser una herramienta democrática, se convirtieron en arma de revancha con tintes políticos y personales», comentó, expresan algunos vecinos que no están a favor de este derecho constitucional, convertido por algunos malos ciudadanos en un arma de doble filo.
«El proceso de revocatoria se ha convertido en un rotundo negocio en el Perú, muchos han puesto la bala como una auténtica oportunidad para hacer su agosto. Por un lado encontramos a grupos que perdieron las elecciones pasadas y buscan ahora mantenerse vigentes en la política; por otro, a grupos que quieren obtener recursos económicos a toda costa, pretendiendo hacer firmar padrones electorales que luego las venderían al mejor postor», son otras de las expresiones recogidas en la vía pública por Primera Línea.
«Es posible que se convierta en un recurso malicioso o perverso si es que aquel que lo emplea carece de solvencia moral para usarlo contra una persona que ha sido su rival victorioso en la justa electoral; que pertenece a una agrupación partidaria contraria o simplemente que es, a ojos del que pide la revocatoria, una persona odiosa, antipática o quizá porque el impugnable no ha atendido favorablemente algún requerimiento de trabajo o de negocio del que alienta la cuestión», continuaron opinando quienes cuestionan la labor que desempeñan los promotores de revocatorias en Cañete y la región Lima.