15 octubre 2012

PERRO MUERTO AGRÌCOLA

En el gobierno del Dr. Alán García se dio la disposición de perdonar a los agricultores tramposos. Se quería perennizar este desaguisado o patraña. Felizmente el actual Ministro de Agricultura ha dado un paralé a este desaguisado sobre el que hace un editorial el diario «El Comercio». Este es el texto: Hace bien el ministro Von Hesse en oponerse a la condonación de deudas privadas.
Esta semana un grupo de agricultores solicitó al Congreso de la República la ampliación de los beneficios de la Ley del Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (la conocida Ley Preda). Esta norma fue creada en el 2008 con la finalidad de condonar o refinanciar deudas que un grupo de agricultores tenía con el sistema financiero. Lo que esta ley hizo, en pocas palabras, fue autorizar a Agrobanco a que use dinero de los contribuyentes para pagar las deudas de empresarios privados que habían realizado malas inversiones. Y lo que hoy pide el grupo que recientemente se ha acercado al Congreso es que este beneficio se extienda nuevamente a otros miles de agricultores.
Afortunadamente, parece que la sensatez reina en el Ministerio de Agricultura (no estamos acostumbrados a que sea el caso, pero nos alegra muchísimo poder decirlo con el actual ministro). El señor Milton von Hesse declaró que «no está a favor de la condonación de deudas» y que en los últimos 20 años las políticas de condonaciones han sido la norma en vez de la excepción (la Ley Preda solo ha sido uno de los más emblemáticos ejemplos de este tipo de medida), precisando que esta situación tiene que cambiar. Asimismo, explicó que estas políticas son inconvenientes porque, en el mediano y largo plazo, terminan haciendo más daño a los propios agricultores a los que pretenden proteger.
Tiene toda la razón el señor Von Hesse al oponerse al pedido de este lobby. Este tipo de programas de condonaciones es, para empezar, de una injusticia mayúscula, pues permite que, con los tributos de todos, el Estado subsidie a personas que no se encuentran entre los peruanos más pobres y que tienen las capacidades y recursos para hacerse responsables de sus propios negocios. La Ley Preda, recordemos, permitía pagar o refinanciar deudas privadas hasta por S/.45.000. ¿Cuántos peruanos pueden ser sujetos de crédito por esa cantidad? Ciertamente no ese 27% de la población que sigue viviendo por debajo de la línea de pobreza.
La conexión con la pobreza no es forzada: cuando el Estado utiliza recursos para financiar a estos empresarios agrícolas, pierde una oportunidad de ayudar a los peruanos que realmente necesitan el soporte de la sociedad. En el 2010, a propósito de la promulgación de una norma para implementar la Ley Preda, el Instituto Peruano de Economía hizo una comparación que permite hacerse una idea de la magnitud de esta oportunidad perdida: la cantidad de dinero que se podía entregar a cada beneficiario del programa era equivalente a lo que recibiría una familia pobre del programa Juntos en más de 37 años.
Ahí, sin embargo, no acaban los problemas. Como bien señaló el señor Von Hesse, programas como los de la Ley Preda terminan perjudicando al mercado agrícola al que se supone buscan beneficiar. Los agricultores que año a año reciben dinero de esta forma, como si lloviese del cielo (cuando en realidad sale de los bolsillos de los contribuyentes), tienen pocos incentivos para hacer lo que tiene que hacer el resto de empresarios: sudar diariamente buscando la mejor forma de volver más eficiente sus negocios, produciendo más y mejor, a menores costos, para beneficio de los consumidores. En otras palabras, si los agricultores que se benefician de estas normas están blindados de las consecuencias (como no poder pagar sus deudas), de sus malas decisiones de negocios (como producir más de lo que exige la demanda), ¿por qué tendrían que esforzarse en dejar de tomarlas? Cuando no existen responsables –es decir, personas que respondan por sus actos–, lo más esperable es que se cometan irresponsabilidades.
La mejor muestra de cómo funciona esto es la forma en que prácticamente todos los años un grupo de agricultores se acerca al Estado a pedir una mano con sus deudas impagas. ¿Por qué no sucede lo mismo con gremios de constructores, comerciantes de electrodomésticos o zapateros? Pues porque a ellos el gobierno no los ha malacostumbrado regalándoles dinero.
Con su oposición a esta medida clientelista, en fin, el ministro de Agricultura ha demostrado que tenemos cargos políticos desde los que no se cae en la tentación de buscar la popularidad con dinero ajeno. En nuestro país, eso es algo tan extraño como positivo.

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