15 agosto 2009

DEFENSORÍA EXHORTA A AUTORIDADES A CONFLUIR ESFUERZOS PARA IMPULSAR RECONSTRUCCIÓN DEL SUR

La Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades, tanto nacionales como locales, a confluir esfuerzos para lograr que todos los pobladores afectados por el terremoto del 15 de agosto de 2007 alcancen una vida digna.
La solicitud tuvo lugar tras una supervisión realizada en las zonas de emergencia en Ica sobre los trabajos de reconstrucción realizados hasta el momento, concluyendo que no han logrado los fines esperados.
De acuerdo a lo observado, unas 15 comisarías iqueñas afectadas por el fuerte sismo se encuentran a la espera de la elaboración de los expedientes técnicos para su reconstrucción.
En un comunicado de prensa señaló que el gobierno regional de Ica recibió el 22 de abril pasado la transferencia de los fondos para estas instituciones policiales, y a la fecha sólo ha preparado dos expedientes.
Llamó la atención sobre la situación de la comisaría de Pisco, al recordar que según el gobierno regional todo lo avanzado se debe demoler debido a que la obra se habría iniciado sin un estudio de suelos. Sin embargo, los ministerios del Interior y de Vivienda discrepan opinando que se debe reforzar la construcción.
Sobre las escuelas públicas afectadas indicó que en Ica sólo se había atendido –hasta junio del presente año– al 23 por ciento. En Nasca y Palpa se atendió a un número menor (alrededor del nueve por ciento).
Se verificó también que aún no se ha llevado a cabo la reconstrucción de los hospitales del Ministerio de Salud (Regional de Ica, San Juan de Dios de Pisco y San José de Chincha). A partir de septiembre se iniciaría la reconstrucción del Hospital Regional de Ica.
La Defensoría recordó que si bien al inicio se entregó a los damnificados el Bono de Reconstrucción, a través del Banco de Materiales, para reconstruir las viviendas, hay quejas de ciudadanos respecto a que existirían tarjetas del mismo por entregar, las cuales no se hacen efectivas por falta de financiamiento.
También refirió que el 19 de febrero pasado se publicó un decreto supremo, por el cual se dispuso la finalización de la emisión y entrega de más constancias de damnificado beneficiario, que imposibilitó la continuidad del procedimiento para la obtención del referido bono.
De acuerdo con información proporcionada por los municipios para conocer el número de personas afectadas por la restricción dispuesta en dicha norma, estas serían nueve mil 345.
La Defensoría expresó preocupación por el estado de los rellenos sanitarios en el departamento, ya que sus malas condiciones no sólo influyen en el medio ambiente, sino en la salud e integridad de su población.
En la actualidad, la comuna de Pisco utiliza como botadero una propiedad privada cerca de la base aérea, a pesar de que desde abril cuenta con la autorización de la Dirección General de Salud para la construcción del relleno sanitario, obra que aún no se ha iniciado.
Inclusive los residuos generados por el Hospital San Juan de Dios son trasladados a la ciudad de Chincha. Similar situación se presenta en Ica. Se sabe que, según lo informado por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, el actual botadero de residuos sólidos ha colapsado.

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