PODER JUDICIAL ANUNCIA ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON GOBIERNOS REGIONALES PARA MEJORAR ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El presidente del Poder Judicial (PJ), César San Martín, anunció la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con los gobiernos regionales y locales, así como sectores de las sociedad civil, para ampliar y mejorar los servicios judiciales.
Reconoció que a pesar de los importantes avances alcanzados, resulta indispensable introducir cambios en la forma que se concibe la gestión institucional, lo cual, dijo se reflejará en el Plan Estratégico y el Plan Operativo
“La nueva perspectiva, pasa por establecer alianzas estratégicas con gobiernos regionales y locales y con sectores de la sociedad civil que permitan ampliar y mejorar los servicios judiciales y modernizar la gestión administrativa del Poder Judicial”, indicó.
San Martín explicó que los gobiernos regionales pueden cooperar con el PJ para ampliar la frontera de servicios a la ciudadanía en lo que le es propio; “en tanto que los gobiernos locales podrán ayudarnos también a mejorar la justicia de paz y a introducirla no solamente en el campo, sino también en las ciudades”.
En ese sentido, refirió que era necesario asumir “con renovado énfasis” el establecimiento de fórmulas novedosas como las asociaciones público privadas para involucrar el desarrollo de proyectos de inversión pública de impacto regional y local en la justicia para el canje del impuesto a la renta.
“Ello por citar solamente alguna de las fórmulas a las cuales se puede y debe recurrir, con pleno respeto de la autonomía del Poder Judicial y el control de la ineludible probidad de estas acciones”, aseguró.

Sobrecarga
Durante su mensaje a la Nación, como parte del inicio del Año Judicial, San Martín dijo que la sobrecarga procesal es uno de los temas que más afecta la credibilidad del Poder Judicial, tanto por lo que involucra en el retardo en la solución de las causas puestas en su conocimiento como en la calidad de lo que finalmente se resuelve.
Señaló que en la actualidad existen cerca de dos millones de expedientes no concluidos, de stock final, “y eso no puede ni debe seguir así”.
“Revertir esta situación implicará, mezclando acciones urgentes con tareas de mediano y largo plazo, no solamente evaluar resultados del Plan de Descarga Procesal recientemente implementado, sino también detectar con claridad, mediante mecanismos participativos”, precisó.