¿CAÑETE TIENE TAMBIÉN SU «LAVANDERÍA JUDICIAL»?

Escribe: Oscar Guerrero Torres

NOTA DEL DIRECTOR.- Sin duda, en los últimos días hay un fuego graneado que busca de una u otra forma desestabilizar la gestión regional, motivo al que ha contribuido también el Presidente Regional, con mucha celeridad, con algunas acciones muy cuestionadas.
Sin embargo, hay que ser claros, en que muchos de los motivos que presentan sus desestabilizadores no han sido analizados a fondo, y solo comentan lo que les interesa.
A continuación vamos a transcribir un artículo que salió en un medio nacional, que tiene un suplemento regional, allí se cuestiona la poca celeridad que se le da a dos casos... uno contra José Arias y lógicamente contra Liliana Torres, por estar vinculado en el mismo proceso... y el otro contra Ulíses Rodríguez Lázaro... Las críticas a Ulíses, él mismo se lo ha ganado a pulso.
Contra José Arias, se cuestiona el paso de tortuga que lleva su proceso... pero no se dice nada, de por qué y contra qué es el proceso... aquí se trata que es un caso contra Telefónica... y allí hay mucho pan por rebanar... sin embargo, el motivo es útil para los objetivos finales.
Aquí se sigue atacando a los jueces cañetanos, por el hecho de haber arrojado una sentencia que favorecía a Cañete, en el tema de la sede... por ello quizás el cuestionamiento.
En este caso, se señala por ejemplo que uno de los involucrados está preso... pero no se señala que el verdadero motivo de que esta persona esté presa, es que tenía tres DNIs... y ello fue el motivo real de su detención.
De otro lado, hay que señalar que muchos de los argumentos esgrimidos son útiles... pero hay que aplicarlos a todos los casos, no solo a los que les conviene, o nos conviene.
Para que nuestros lectores saquen sus propias conclusiones, aquí la nota.


La celeridad es uno de los requisitos primordiales del debido proceso, pues los intervinientes esperan del Poder Judicial la solución oportuna de sus casos, la que debe ser la labor principal de los magistrados.
Ellos son preparados para entender que los procesos tienen que ser ágiles, rápidos, formales y efectivos.
Pero parece que en el Perú, el principio de celeridad no funciona. A los jueces y a los abogados de las partes comprometidas en las demandas les interesa alargar lo máximo posible los juicios, sobre todo cuando de por medio hay peces gordos o autoridades comprometidas con actos de corrupción.
La Corte Superior de Cañete está tomando protagonismo en estos últimos tiempos, no solamente por el caso de sus resoluciones sobre la sede regional, sino porque allí están pendientes de resolver casos emblemáticos, en donde los actores son dos prominentes figuras políticas que estarían comprometidas con actos de corrupción pero que misteriosamente los Vocales, llamados a administrar justicia a nombre de la Nación, se hacen los desentendidos o no quieren chocar con ciertas amistades, atentando contra una correcta administración de justicia y evitando sancionar drástica y ejemplarmente a quienes han actuado de la forma incorrecta, agraviando los recursos del Estado.
¿Cómo puede ser posible que, no obstante el tiempo transcurrido, los magistrados que tienen en su poder el expediente contra Ulises Eduardo Rodríguez Lázaro, hasta la fecha no se pronuncien y sentencien de una vez por todas al ex alcalde de Yauyos y que hoy realiza funciones de Consejero Regional?
La opinión pública ve con desazón que existan esta clase de magistrados indiferentes que dejan mucho que desear y hacen pensar mal al ciudadano de a pie.
El retardo en dictar sentencia de parte de estos magistrados cañetanos, impide que se suspenda en sus funciones en forma inmediata a este Consejero Regional y luego se proceda a vacarlo definitivamente.

EL CASO ARIAS CHUMPITAZ
José Arias Chumpitaz, ex alcalde del distrito de Asia, está implicado en el presunto delito contra la Administración Pública – Colusión Defraudatoria, en agravio de la Municipalidad distrital de Asia y el Estado, y para quien se ha solicitado se le imponga ocho años de pena privativa de libertad e inhabilitación por dos años.
Como se recordará, Arias Chumpitaz, fue vacado en el año 2005 por nepotismo, resistencia a la autoridad y usurpación de funciones.
Era de esperarse, por la forma como actúan los actuales magistrados de esta Corte que la denuncia no avance, dado que continúa sin resolverse en el Poder Judicial de Cañete.
¿Quiénes integran la Sala Penal de Cañete que se muestran tan solícitos con el ex alcalde de Asia?
La integran los Vocales Moisés Martínez Meza, Ángel Polanco Tintaya e Isaías José Ascencio Ortiz, quienes seguramente se muestran muy complacidos con el acusado.
Además hay que recordar que muchas veces las autoridades recurren al facilismo de hacer donaciones al Poder Judicial, convirtiéndose estos hechos en males endémicos que se han extendido hasta la propia Presidencia Regional, que muestra generosidad haciendo convenios con el Poder Judicial para hacer algunos trabajitos en las cárceles, tanto de Cañete como de Huacho.
Anteriormente ya hemos señalado que el Alcalde suspendido de Huaral, Jaime Uribe Ochoa, cedió parte del Estadio Municipal ‘Julio Lores Colán’ al Poder Judicial. Caso similar sucedió en Huacho, cuando el Camal Municipal fue cedido a la Corte Superior de Justicia de Huaura y allí se encuentra abandonado, por lo que el actual Alcalde Santiago Cano debe solicitar su devolución.
Los Vocales de Cañete que deben ser amigos del Presidente Regional Javier Alvarado, saben que si sentencian a José Arias Chumpitaz, tendrán que hacer lo mismo con la actual Consejera Regional, Liliana Torres Castillo.
Por eso hacen lo indecible para alargar al máximo este proceso judicial, cuando ya la sentencia debe haber salido para demostrar que efectivamente son magistrados honestos y que primero está el cumplimiento del deber antes que la componenda política.

¿POR QUÉ SOLAMENTE HAY UN PRESO, SI LOS TRES TIENEN IGUAL RESPONSABILIDAD?
La población de Cañete no entiende por qué solamente Luis Alberto Bernal Saavedra se encuentra detenido, en cambio los otros denunciados, llámese Arias Chumpitaz o Liliana Torres se mantienen libres, o es que estos dos personajes tienen patente de corso.
Algunos se preguntan: ¿Tanto vale ser la pareja de un Juez de Cañete?
Para Arias Chumpitaz, el Fiscal Superior ha pedido ocho años de prisión que ya debe estar cumpliéndolos al lado de Lucho Bernal, pero los magistrados cañetanos parece que tuvieran contemplaciones con algunos personajes. Y con otros no.
¿Serán estos mismos Vocales los que tendrán que ver el expediente de Javier Alvarado?
¿Habrá alguna garantía de que estos magistrados de la Corte Superior de Cañete vayan a actuar con la debida imparcialidad y sancionar a los denunciados por actos de corrupción?
Estos tres Vocales cañetanos parece que no han escuchado las palabras del Presidente Ollanta Humala Tasso, cuando manifestó claramente que un Juez corrupto es más peligroso que un prontuariado delincuente suelto.

VOCALES DE CAÑETE IMPIDEN QUE EL HONORABLE CONSEJO REGIONAL DE LIMA SUSPENDA DE SUS FUNCIONES A ULISES RODRIGUEZ LÁZARO Y LILIANA TORRES CASTILLO
Es tan honorable este Consejo Regional de Lima, que tiene entre sus filas a dos integrantes que están próximos a ser suspendidos y posteriormente vacados.
Sin embargo, los Vocales cañetanos estarían actuando a favor de estas dos autoridades regionales comprometidas en denuncias por actos de presunta corrupción.
La Fiscalía Superior Penal ha formulado acusación penal contra estas autoridades regionales, hace ya un buen tiempo, pero todo está retenido en el Poder Judicial, en la famosa Corte Superior de Justicia de Cañete, que también podría ser bautizada como la «Lavandería del Sur».
La Consejera Regional Liliana Torres ha sido denunciada como cómplice primaria en el delito contra la Administración Pública, Usurpación de Autoridad, Títulos y Honores y Ejercicio Ilegal de la Profesión, en agravio de la Municipalidad distrital de Asia y el Estado.
El Fiscal Superior del Ministerio Público de Cañete, ha solicitado seis años de pena privativa de libertad e inhabilitación por dos años, privándola de la función, cargo o comisión que ejercía, aunque provenga de elección popular e incapacitándola para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
Los funcionarios públicos y las autoridades, saben de la lentitud con la que actúa el Poder Judicial, por eso no ese hacen problemas para cometer sus acciones atentatorias contra los recursos del Estado.
En el ámbito de la Región Lima existen muchas autoridades denunciadas penalmente, que esperan turno para ser sentenciadas, pero como los jueces actúan de la manera conocida, entonces les permiten que culminen sus períodos para el cual han sido elegidas. Y si ya han metido uña, pues lo vuelven a realizar porque saben que tienen que irse bien forrados, para cuando les toque defenderse.
Mientras haya jueces complacientes, la corrupción nunca va a terminar. Por más leyes que se den, la corrupción va a estar allí.
Se creía que el Nuevo Código Procesal Penal era el bálsamo salvador, pero se equivocaron. Aquí no se necesitan más leyes. Se necesita una razzia total y todos los magistrados corruptos que se vayan a la cárcel, al lado de los que ellos mandaron porque no se dijeron nada.