REPARACION CIVIL A VICTIMAS DE VILLACION SEXUAL OSCILA ENTRE 200 y 1,500 SOLES

Los montos por concepto de reparación civil que fijan los jueces a favor de las mujeres víctimas de violencia sexual fluctúan entre 200 y 1,500 soles, cantidades que de ninguna manera compensan el inmenso daño causado por el agresor, reveló la Defensoría del Pueblo.
Al presentar el informe de Adjuntía, denominado «Violencia sexual en el Perú: un estudio de casos judiciales», el defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega lamentó que la reparación civil que fijan los magistrados se fije sin considerar adecuadamente el grave impacto negativo y sus consecuencias posteriores en la vida de la víctima.
Asimismo, el funcionario señaló que en el documento se evidencia la inexistencia de un protocolo adecuado para la toma de declaración de la víctima que proteja su integridad emocional.
La investigación defensorial analizó 48 expedientes judiciales sobre procesos por agresión sexual, correspondientes a once distritos judiciales del país donde se está implementando el nuevo Código Procesal Penal.
«La falta de un protocolo para la toma de declaración de las víctimas de violencia sexual provoca que las mujeres sean interrogadas entre dos y cinco veces, e incluye preguntas inoportunas que apuntan al honor de la persona en lugar de indagar debidamente sobre el delito cometido y la determinación de responsabilidades», manifestó.
Recordó que de acuerdo a las normas penales vigentes, el bien jurídico protegido es la libertad sexual, lo que implica que la investigación debe considerar todos los medios disponibles que la ciencia y la tecnología provee.
En ese sentido, agregó que es necesario asegurar que las víctimas cuenten con espacios de atención –como las cámaras Gesell- en la Policía Nacional y el Ministerio Público, dotados de condiciones de privacidad auditiva y visual para un debido recojo de datos en las tomas de declaración.
Vega consideró fundamental fortalecer la formación de los operadores de justicia penal en técnicas de investigación referidas a delitos sexuales, enfatizando el recojo de evidencias en la escena del crimen, teniendo en cuenta que este se produce en espacios públicos y privados.
El defensor del Pueblo recomendó la creación de equipos especializados en la Unidad de Defensa Pública del Estado, a cargo del Ministerio de Justicia, que permitan proveer de una adecuada defensa judicial a las mujeres víctimas.
Igualmente, señaló que el Ministerio de Salud debe brindar un servicio adecuado de salud mental para las víctimas, a fin de que puedan superar el trauma psicológico generado por la agresión sexual.
Sostuvo que la lucha contra toda forma de violencia contra la mujer, en especial contra la violencia sexual, es un objetivo que debe unir a todos los peruanos.
«Solo erradicando estos terribles actos podremos avanzar en la construcción de una sociedad verdaderamente justa, inclusiva e igualitaria», subrayó.
Por su parte, la adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán-Zegarra, manifestó que en el informe se pudo conocer que la agresión sexual perpetrada en contra de mujeres mayores de 18 años es cometida, en su mayoría, por familiares, cónyuges, ex parejas y personas del entorno más cercano de la víctima.
Detalló que el mayor número de los procesados son varones de 18 a 40 años de edad, con instrucción y que, al momento de la agresión, se encontraban desarrollando algún oficio o prestando algún servicio.
Fernán-Zegarra explicó que en el 64.6 por ciento de los casos analizados, la violación sexual fue cometida con el empleo de la fuerza, en tanto que en el 14.6 por ciento se empleó algún fármaco o droga para cometer el crimen.