Cañete por sus derechos

Escribe: Humbert Romero Verano
Ayer retornaba de una ceremonia en las alturas de Quintay, distrito de Sayán, impactado por la puesta en marcha de un proyecto agrícola con sistema de riego tecnificado en las faldas de un precipicio.

Demostrando que no hay distancia ni tiempo que le ponga trabas a su objetivo, el propietario Víctor Hugo Nava Sierra hará producir a los cerros, que ya no serán más escenarios yermos, sino productivos y rentables para la economía familiar y regional.

Con natural admiración, meditaba cómo iniciar este artículo, poniendo el ingenioso agricultor como modelo y ejemplo de trabajo, inquietud y empeño. De pronto, una llamada telefónica cambió mi preocupación. Los pobladores de Cañete se fueron al paro indefinido luego de evaluar los resultados de la medida de fuerza de 48 horas acatado por la provincia durante las violentas jornadas de protesta del miércoles y jueves.

¿Qué pasa con Cañete?, pregunté de inmediato a Ítalo Maldonado, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia.

¿Qué pasa con el INPE?, ¿Qué pasa con el Ministerio de Justicia?, respondió con dos interrogantes a boca de jarro. "El problema no es Cañete. Son las instituciones públicas las que han originado el problema", añadió el dirigente gremial.

No deja de tener razón el dirigente sureño. Cañete es una provincia pacífica que ha tenido la desdicha de sufrir no sólo la furia de la naturaleza, sino las mentiras e indiferencias de sus autoridades. Veamos:

Érase el 15 de agosto del 2007, aproximadamente a las 6.30 de la tarde, cuando el terremoto que tuvo como epicentro Pisco, sacudió gran parte del Sur peruano, afectando a los hermanos cañetanos que quedaron sumidos en el caos y la desesperación. Muertos, heridos y cientos de damnificados fue el saldo de aquella tragedia.

Luego de aquel sismo de gran magnitud, muchas autoridades se comprometieron a trabajar en la recuperación de la ciudad. ¿Resultados? Denuncias en el Poder Judicial contra funcionarios del gobierno regional de entonces, por adulterar facturas de compras de casas prefabricadas, denuncias contra funcionarios del Forsur y otros. En la provincia de Cañete, igual que en Chincha y Pisco hubo algunos señores que se enriquecieron más con el dolor del sufrido pueblo. Todos los conocemos.

Mentiras y falacias de campaña electoral. ¿Acaso no hay pruebas grabadas que el entonces alcalde de Cañete y ahora presidente regional de Lima, Javier Alvarado Gonzales del Valle, prometió: "Dejar mi vida, si esta provincia no se convierte en sede regional? Luego prometió en Huacho, a cambio de endosar algunos votos: "La sede se queda, la corrupción se va". Él mismo prometió ayer que "sobre mi cadáver se asentará un ladrillo más en el Penal de Cantera".

¿Habrá que creerle?

Ahora la población liderada por el Frente de Defensa ha tomado una nueva decisión. Decidir un paro indefinido no es cosa de juego. Algo ha tenido que pasar para que el pueblo se sienta indignado de tantas mentiras y discursos baratos.

Para ejecutar trabajos de ampliación en el Penal de Cantera, los representantes del Ministerio de Justica y del INPE debieron consultar a la población.

Se entiende que antes de la licitación pública de la ampliación de Cantera, cuando se venía trabajando en el perfil y luego el expediente técnico, las autoridades locales ya tenían conocimiento de lo que se pretendía hacer y son, por tanto, quienes debieron realizar las denuncias en su debida oportunidad, no esperando que el pueblo tome una radical medida de fuerza. Son las autoridades locales quienes deben una explicación al pueblo.

Esperemos que el diálogo se imponga y se otorgue la razón a quien la tiene. El pueblo cañetano reclama sus justos derechos, nada más.