15 julio 2013

YO VOTE PARA QUE FISCALICES, ¿Y AHORA TE VENDES?

Un mal endémico de todos los gobiernos locales del país, sean municipalidades provinciales o distritales, es la pésima labor de fiscalización que cumplen los regidores, que por ley están obligados a ejercer. Se critica y denuncia el mal manejo de los gastos públicos en las comunas, preferentemente lo relacionado a la adjudicación y realización de obras, lo que produce exiguas ganancias a más de un alcalde (donde algunos regidores cómplices no se escapan) de las tristemente conocidas «coimi-siones» que son los hitos más escandalosos del cáncer de la burocracia municipal que todo lo invade y todo lo corrompe.
La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) establece desde el 2003 las seis atribuciones y obligaciones más importantes de los regidores, entre las cuales se encuentra la de «desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal», pero son contados los ciudadanos regidores que ejercen con honestidad, probidad y transparencia las funciones inherentes a sus cargos.
Hace poco en el Congreso de la República, se presentó un proyecto para regular las dietas de los regidores municipales de todo el país a efecto de combatir las escasas y muchas veces nulas labores de legislación, FISCALIZACIÓN y representación inherente a sus funciones, que pretende recortar el monto de las dietas municipales a todos aquellos regidores que dejen de asistir a las sesiones del Concejo, presentar mensualmente y por escrito sus informes de gestión municipal, donde cada regidor se vea obligado a actuar como veedor en las licitaciones que realiza la entidad municipal, así como visitar las obras en ejecución, participar de las reuniones vecinales y recoger los pedidos de la población.
Y para evitar el falseamiento en sus informes de gestión municipal de cada mes, se prevé sancionar con suspensión en sus funciones a los infractores, por falta de ética o incumplimiento de la función edil, dado que no sólo se estaría infringiendo el reglamento interno del municipio, sino también la Ley Orgánica de Municipalidades. El proyecto pretende modificar los artículos 10, 12 y 25 de la Ley Nº 27972.
¿Es necesario hacer realidad este proyecto? Para los que vivimos en esta querida provincia de Cañete, es urgente. Sólo basta con echar una mirada a la última sesión de consejo y llenarse de vergüenza al ver a los regidores (excepto 2 honrosas excepciones), tratando de blindar a una ex autoridad, cuando lo más idóneo era que el susodicho, se defienda (AL FINAL, EL QUE NO LA DEBE NO LA TEME) de un acto de presunta corrupción durante su gestión.
Los actos de corrupción en los municipios son escandalosos y mayúsculos, en la primera fila de esta lucha sin cuartel deben estar los regidores, por que la ley les franquea el camino a la permanente fiscalización, sólo así tendremos confianza ciudadana en nuestros alcaldes.
Por ello, reclamo (humildemente) al cuerpo edilicio mayor protagonismo, mayor entereza, más identificación con el sentir popular. Ojalá este proyecto llegue a ser ley. Necesitamos creer que todavía existe gente buena y confiable. (Prof. Juan Carlos Coronado)

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