¿QUIÉN DEBE HONRAR LA LABOR DE LOS FISCALIZADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE?

Por Vladimir Alexander Rojas Hinostroza

Qué cosas y otras, se estarán dando en la MPC, que una de sus autoridades ha salido a señalar públicamente (por segunda vez), que «algo no marcha bien» en la comuna local; al menos eso ha resaltado el regidor José Caico, como si se tratase del único concejal del municipio local.
Los últimos registros que ofrece, acrecientan los cuestionamientos a la gestión edil de María Montoya, quien hasta la fecha permanece impávida, con el aval de una Comisión de Ética (que buscaba poner en disciplina Caico Fernández) y que terminó echándose para atrás, cuando éste señaló tener audios comprometedores.
Mientras tanto, los regidores de la oposición como Fermín Quispe, Raúl Meza, Ernesto Pareja y Lourdes Morales disfrutan de un inagotable «recreo» sin que nadie toque el timbre para que retornen a sus funciones (ni hablar de los oficialistas).
José Caico ha fiscalizado, eso es innegable, y aunque le reprochen el «por qué» recién sale a declarar a los medios lo que ha documentado, existiría una triste decisión en la corporación edil de no solventar la «logística» para hacer investigaciones: No hay presupuesto señala el gerente Palma.
Haría bien la alcaldesa provincial en disponer que su gobierno municipal destine los recursos necesarios para que órganos técnicos e independientes (Colegio de Ingenieros, Contadores, Abogados, etc.) otorguen el soporte técnico que confirme o desvirtúe lo denunciado por dicho regidor, ¿o es que en realidad si existe embrolló que encubrir?.
Si tal medida emana del Despacho de Alcaldía, pues los funcionarios cuestionados se seguirán solazando (entreteniendo) con lo que digan los regidores, y para ello ensayarán una torpe justificación: si contratan peritos, el ejecutivo municipal se constituirá en juez y parte, y eso debe evitarse.
Semejante apreciación es tan absurda, dado que evade algo necesario y público: El Estado tiene la obligación de Fiscalizar, sino para que destina partidas para que el Congreso indague.
Si existiese semejante coartada, tampoco los consejos regionales tendrían funcionarios pagados por sus gobiernos regionales, quienes les permiten mantenerse en operatividad, y acreditar informes y pericias.
Sea cuál sea el estamento público, se requiere el presupuesto debido para que las autoridades cumplan con sus funciones.
Lamentablemente en Cañete, la desidia municipal viene soslayando la obligación de otorgar a los regidores una partida que les permita honrar su «labor fiscalizadora».