«PROHIBICIÓN TOTAL» AL INCREMENTO DE REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES EN LA REGIÓN LIMA

Por Vladimir Alexander Rojas Hinostroza

Es difícil encontrar en los planes de gobierno de las administraciones regionales y locales, un capítulo especial y/o agenda concreta relacionada a la mejora salarial del capital humano. Por ende, es fácil deducir que nuestras autoridades no sabrán emprender justas peticiones al gobierno central en beneficio de los trabajadores.
Lamentablemente esa debilidad política ya pasó factura: De manera silenciosa, a fines del 2012, el gobierno de Humala asesinó el derecho de miles de trabajadores públicos (salud, educación, administrativos, etc.), quienes ya no podrán exigir al presidente regional o alcaldes en la Región Lima, que les nivelen o aumenten sus sueldos o bonificaciones.
Sobre ello, el pasado 27 de enero se publicó en un medio nacional, un comunicado suscrito por ex ministros de trabajo y reconocidos laboralistas, quienes señalaban que la Ley de Presupuesto del 2013 desconocía los Derechos Laborales. Tal análisis llevó al periodista Alberto Adrianzén a titular que «Ser trabajador está prohibido».
¿Qué hay de cierto en ello?, pues la respuesta la encontramos en el Artículo 6 de la Ley 29951 (Presupuesto Público 2013), donde se indica que está prohibido en los gobiernos regionales y locales, el incremento o reajuste de remuneraciones y bonificaciones, así como la aprobación de nuevos beneficios.
Y el ensañamiento con el derecho laboral no quedó ahí, pues la citada ley hasta prohíbe las negociaciones colectivas, y declara nulos los arbitrajes que versen sobre la materia. En buen romance, fue un asesinato con desaparición del cuerpo.
Y más terrible aún, porque si queda algún derecho laboral en vida, la ley de Humala Tasso, sentencia a los árbitros que aprueben pactos colectivos con ser excluidos en procesos futuros, es decir, no podrán trabajar.
Suena escalofriante lo anterior, pero es una penosa realidad. A las autoridades se les pudo pasar observar tal norma, pero a los sindicatos regionales y locales no; lamentablemente hasta la fecha en nuestra localidad no se ha emitido comunicado alguno rechazando tal medida.
Aunque se anuncien huelgas o paralizaciones, nada podrán hacer ni el gobierno regional, ni los municipios para atender el justo reclamo de la clase trabajadora.
Y sobre esto deberían hacer un mea culpa ambas partes, más aún si el proyecto de dicha norma se publicó semanas antes de su publicación, pero en la región Lima no se presentó objeción alguna a la misma.
¿Harán algo desde el Gobierno Regional de Lima, municipalidades provinciales y distritales para revertir tan inconstitucional norma?... ¿Adoptarán medidas concretas y rápidas los sindicatos en las 9 provincias de la Región Lima?
Esperemos no ser testigos del entierro de los derechos laborales en nuestras localidades.