Mientras que la sede para la oralización del juicio de Javier Alvarado en el emblemático Caso Telefónica se ha trasladado del Penal de Cantera en el distrito de Nuevo Imperial a Lunahuaná sigue generando indignación y protesta por parte de los opositores y enemigos públicos de la gestión del actual mandatario regional, el fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la liberación de José Árias Chumpitaz –suspendido alcalde del distrito de Asia, sentenciado a seis años de prisión efectiva y retirado del cargo de burgomastre por irregularidades en el Caso Telefónica de Asia, y quien en los próximos días regresaría a ocupar el sillón municipal y preparar su defensa para un nuevo proceso judicial– ha desatado una avalancha de críticas y suspicacias que presumen impunidad, influencias, despilfarro de dinero para dilatar procesos y complicidad entre los políticos de turno y los altos mandos de los organismos que imparten justicia en nuestro país.
Los críticos, la prensa y demás involucrados en este antro mediático se encuentran polarizados y en una guerra sin cuartel, cada quien exponiendo argumentos y diatribas. Es decir, ingresan a pelear al ring porque existe un evidente conflicto de intereses de todas las formas posibles.
En la esquina azul, existe un bando de radicales, prensa intransigente pagada por sentenciados en terrorismo, exautoridades investigadas por presuntos ilícitos, cadáveres políticos, examigos y antiguos colaboradores de Alvarado, que dicen: «¡Hecha la ley, hecha la trampa!», que reparten una serie de agravios contra la gestión actual asegurando tener la razón y predicar solamente con la verdad y nada más que la verdad, los que juran pelear con el único objetivo de velar por los intereses de la población y que ‘su incondicionalidad’ es la única arma que poseen para combatir a la lacra de la sociedad –muy manoseada y utilizada por los caudillos de nuestros tiempos para hacer un circo y sacar ventaja– llamada «corrupción». No importa por encima de quién pasan o a quien aplastan; lo importante es lograr el objetivo propuesto. Sin embargo, hasta el día de hoy, lo único que han demostrado es impotencia, no porque se haga justicia, sino por no conseguir desterrar al gobernante vigente y ocupar su lugar. Esos son los personajes que representan la lucha contra ‘la mafia’.
En la esquina roja, tenemos a periodistas, familiares letrados y especialistas en temas políticos y judiciales, simpatizantes y también fieles defensores y lisonjeros de los procesados que argumentan que todo se hace de acuerdo a los procedimientos que exige la ley, aquellos que defienden ese adagio: «Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario». O sea, son los que siempre encuentran una razón para justificar cada estratagema legal de ‘sus patrocinados’. Ellos, en realidad, son los que se ganan dignamente sus honorarios, pues sin duda hacen un buen trabajo de representación. Se nota.
Mientras tanto, fuera del cuadrilátero se encuentran los ciudadanos de a pie, los que no tienen la menor idea de lo que sucede en su entorno, los menos informados, los manipulados; el pueblo, de quien utilizan el nombre para luchar las grandes cruzadas políticas. Todos ellos de espectadores, sin saber nada del asunto, ignorantes de la realidad y sin poder distinguir entre justos y pecadores, entre buenos y malos, entre ángeles y demonios. Pocos son los mediadores, los analistas y ciudadanos responsables que mantienen una posición objetiva e imparcial. ¿En qué acabará todo esto?
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