LA SEGURIDAD COMO «BIEN NEGOCIABLE» Y EL CONTRATO LLAMADO «EXTORSIÓN»: ¿QUÉ TRATATIVAS COMERCIAN LAS AUTORIDADES?

Por Vladimir Alexander Rojas Hinostroza

En qué momento empezó a desmoronarse el «equilibro» de la seguridad en Cañete, es una interrogante que tiene muchas respuestas. Algunos indicarán: i) inseguridad siempre existió, ii) Con la presencia del Penal de Cantera, iii) Con la inversión inmobiliaria e industrial, iv) Con los sindicatos de construcción civil.
Otros sostendrán: i) Cuándo la PNP perdió legitimidad o se corrompía; ii) Ante la inercia de las autoridades políticas; iii) La falta de una verdadera política de seguridad ciudadana.
Sin embargo, y siendo valederas las premisas antes citadas, quiero incidir en algo que no se comenta: Creo que el tema se complicó más, cuándo todos empezamos a concientizar que la seguridad era negociable. Al menos eso profesan nuestros representantes. Veamos.
Cuándo alguien decide postular a un puesto de trabajo, sea una entidad pública o privada, lo hace por concurso público o porque cubre un cargo de confianza: NADIE INGRESA A LABORAR POR LA FUERZA. De la misma forma, en una sociedad «ordenada» como la nuestra, todos los días adquirimos bienes y contratamos servicios, pero «negociar» sobre la seguridad es un hecho indebido; sin embargo, empleada la violencia, algunas autoridades creen que están facultadas para «hacer tratativas» –disfrazadas de reuniones de conciliación– con cierto sector de construcción civil.
Hasta hoy se sigue perdiendo un valioso tiempo, y la oportunidad para formalizar a nivel distrital, provincial y regional la «cuota de trabajo» que reclaman los que integran tal sindicato. Cómo ello no se da, algunos falsos dirigentes emplean una ilegal forma contractual de «extorsionar» a las autoridades y empresas para que contraten a su gente: ¿Cómo llegamos a esto? Pues por la sencilla razón, que lejos de imponerse la autoridad, muchos sucumbieron ante la facilidad de «negociar con la seguridad».
Si la «bolsa de trabajo» estuviese definida, no existirían atropellos, ni intimidación para contratar mano de obra no calificada; es más, si una obra se edificase en una localidad, que interesante sería para los sindicatos que entre sus integrantes no existan trifulcas y acepten ser evaluados para laborar, cómo lo hacen todos los que anhelan trabajar. La PNP evitaría reunirse con los empresarios para destacar efectivos policiales en sus negocios, y en vez de ello, transitarían por nuestras calles, garantizando una seguridad que reclama la comunidad.
Además de ello, no debemos perder de vista otro aspecto: una cosa es la seguridad urbana, y otra la rural, y en este último espacio, desde hace años poco o nada se está haciendo para frenar la delincuencia en una provincia considerada valle por sus actividades agropecuarias.
Lo presente es un sincero aporte, más aún por los constantes sucesos de robos y asesinatos en el campo, y los continuos enfrenta-mientos de la «clase obrera» en las obras por ejecutarse, quienes ya han desnaturalizado con sus acciones la ideología y accionar de un sindicato constructivo.
La seguridad no es un bien para comerciar, pero cada día vivimos un mundo al revés.